Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola volvieron a pedir la “inmediata ejecución patrimonial” de los condenados en la causa Vialidad, en la que se investiga la defraudación de fondos públicos durante la administración de Cristina Kirchner. El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), encargado de ejecutar la pena, ya inició una serie de trámites previos, aunque aguarda la decisión de la Cámara de Casación sobre un planteo de la expresidenta. Fuentes judiciales consultadas por Clarín estiman que el decomiso podría comenzar a hacerse efectivo antes de fin de año.
El TOF 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, busca cubrir un monto total de 684.990.350.139,86 pesos a través del decomiso de los bienes de los condenados. El 15 de julio, el tribunal intimó a Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti y otros involucrados a pagar voluntariamente el monto actualizado, de manera solidaria entre todos ellos. Sin embargo, al no registrarse ningún pago, se puso en marcha la instancia siguiente: la ejecución patrimonial de los bienes embargados hasta cubrir la suma reclamada. Una decisión clave del tribunal fue fijar el lapso en que se cometió el delito, comprendido entre 2003 y 2015, lo que determina qué bienes pueden ser alcanzados por el decomiso.
En un extenso dictamen emitido el jueves pasado, Luciani y Mola subrayaron la actitud de los condenados: “La resistencia de los condenados a devolverle al Estado argentino parte de la defraudación colosal y sistemática que llevaron adelante durante 12 años, además de mostrar su falta de arrepentimiento, constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley. Esto obliga al tribunal a activar los mecanismos necesarios para ejecutar los bienes embargados, hasta cubrir la suma de la defraudación”. Los fiscales recordaron que ya se cumplieron cuatro meses desde que la Corte Suprema dejó firme la condena y enfatizaron que “corresponde avanzar sin más demoras hacia la ejecución del decomiso sobre el dinero de los condenados o, en su defecto, sobre los bienes sustitutos de este”.
Luciani y Mola explicaron que la medida también busca fines sociales: “Se avance en la recuperación de los bienes de la defraudación para asignarlos a fines nobles, útiles y públicos. Es decir, para que ahora sí cumplan las finalidades originales: verdaderas inversiones del Estado en rutas, salud, educación, vivienda, jubilaciones, justicia, seguridad, etc”. Asimismo, destacaron el impacto simbólico del decomiso: “Para desterrar definitivamente la impunidad de los corruptos, es imprescindible que se empleen todos los mecanismos legales tendientes a lograr el recupero de activos provenientes de los delitos, en especial de la gran corrupción”.
No obstante, el cronograma aún depende de la resolución de la Cámara de Casación. La defensa de Cristina Kirchner, a cargo de Carlos Beraldi, solicitó trasladar la ejecución patrimonial al fuero Civil y Comercial. La Corte fijó una audiencia para el 24 de octubre, y los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña tendrán cinco días hábiles para decidir si la causa permanece en Comodoro Py o cambia de jurisdicción. Solo después de esa decisión se podrá concretar la ejecución patrimonial, aunque fuentes judiciales estiman que todo estará definido antes de fin de año.
El caso Vialidad convivirá con otro juicio por corrupción que enfrenta la expresidenta: el 6 de noviembre comienza el debate oral del caso Cuadernos de las Coimas, donde Cristina Kirchner es la principal acusada por asociación ilícita y cohecho.
