La Argentina atraviesa más de una década sin creación sostenida de empleo privado formal, un fenómeno que se enlaza de manera directa con el deterioro de la productividad. Esta combinación deriva en trabajos de menor calidad, salarios insuficientes y millones de personas desempeñándose en la informalidad. Según datos del INDEC de 2024, el 42% de los trabajadores se encuentra fuera de la registración, una realidad que implica ingresos más bajos, falta de aportes jubilatorios y pérdida de derechos básicos. Para las empresas, en tanto, este escenario se traduce en una competencia desigual frente a quienes deben afrontar todas las obligaciones del sistema laboral vigente.
Uno de los factores centrales detrás de esta brecha es el peso de los costos laborales no salariales, que en la Argentina alcanzan el 70%, el nivel más alto de la región según la consultora Invecq, en base a metodología del BID. Esta presión desalienta la formalización y empuja a miles de personas a inscribirse en esquemas alternativos como el monotributo. En la última década, los monotributistas crecieron un 39%, contra apenas un 3% del empleo privado registrado, según cifras de SIPA. El contraste es elocuente: “hacen falta 27 monotributistas para aportar lo mismo que un solo trabajador en relación de dependencia”. A este escenario se suma un marco laboral que no siempre refleja la diversidad de sectores ni las nuevas modalidades de empleo, mientras que la justicia laboral también agrega incertidumbre: solo en los primeros cuatro meses de 2025 se registraron 37.491 nuevos expedientes, de acuerdo con el informe de litigiosidad del sistema de riesgos del trabajo.
Sin embargo, uno de los puntos más críticos —y estratégicos— es el deterioro del sistema educativo. Desde IDEA sostienen que “sin educación de calidad no hay productividad, y sin productividad no hay empleo formal sostenible”. Esta problemática, que lleva décadas, se refleja en los bajos niveles de aprendizaje y en la escasa conexión entre las trayectorias educativas y las necesidades del mundo del trabajo. La responsabilidad de revertir este cuadro es compartida entre el Gobierno nacional, encargado de fijar lineamientos y políticas, y las provincias, que administran el sistema educativo a diario. Según la organización “Argentinos por la Educación”, apenas el 61% de los jóvenes finaliza la secundaria en el tiempo previsto, y poco más del 20% alcanza los niveles mínimos en Lengua y Matemática. Las evaluaciones Aprender 2023 corroboran el retroceso: más de la mitad de los estudiantes secundarios no logra el nivel básico.
El impacto en el empleo es inmediato. Un relevamiento del IAE e IDEA revela que el 46% de las empresas considera que encontrar talento es una tarea difícil o muy difícil, y que el 94% detecta algún tipo de brecha entre las capacidades que requiere y las que encuentra disponibles. De este modo, “lo que debería ser nuestro mayor activo, el capital humano, se convierte en un cuello de botella para la productividad y el crecimiento”.
Frente a este escenario, IDEA plantea una agenda de acción integral que incluye: “reducir la informalidad equiparando regímenes y disminuyendo los costos laborales no salariales”; “modernizar los marcos laborales y sindicales para que acompañen las nuevas realidades del trabajo”; “mejorar la eficacia del sistema judicial laboral, reduciendo la discrecionalidad y dando previsibilidad”; y “promover reformas educativas profundas que garanticen terminalidad secundaria con calidad y una vinculación real entre educación y empleabilidad”. En el marco del 61° Coloquio de IDEA, la institución afirma que el país cuenta con el talento necesario para revertir esta tendencia. “Lo que necesitamos es decisión, consensos y una hoja de ruta clara”, sostienen. “Este es el momento de construirla juntos”.
