El Gobierno nacional avanza con firmeza en su plan de privatización del mercado eléctrico, con la vista puesta en el 1 de noviembre como fecha clave para implementar una reforma estructural que cambiará la lógica de operación del sector. El anuncio fue realizado por la secretaria de Energía, María Tettamanti, durante su participación en un foro organizado por EconoJournal, donde brindó detalles sobre los cambios que se avecinan tras las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. “La reforma apunta a descentralizar la gestión de combustibles y la contratación de energía”, aseguró la funcionaria, que destacó la intención de reducir la intervención estatal en un sistema históricamente administrado por Cammesa, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico.

Actualmente, Cammesa oficia de intermediaria entre las productoras de gas, los generadores eléctricos y las distribuidoras. El Gobierno busca reducir su rol para dar lugar a un esquema de mayor competencia privada. “Las distribuidoras seguirán teniendo generación asignada para cubrir la demanda residencial, pero deberán pagar la energía en el mercado mayorista o salir a contratarla directamente con un privado. El gran usuario también podrá elegir”, explicó Tettamanti. Este cambio permitiría a comercios e industrias negociar sus propios contratos de suministro energético, un proceso que promete más ofertas y eventualmente tarifas más competitivas, al menos en el largo plazo.

No obstante, la propia secretaria de Energía advirtió sobre las condiciones necesarias para que la reforma surtiera efecto: “Sin una macroeconomía ordenada, con estabilidad fiscal y cambiaria, no hay política pública que funcione. El sector energético está altamente dolarizado; por lo tanto, las decisiones deben ser consistentes con los lineamientos del Ministerio de Economía”. En ese sentido, sostuvo que la reforma está diseñada “para un contexto donde no va a haber cimbronazos cambiarios” y vinculó la reciente tensión del dólar a “una turbulencia por las dudas sobre el proceso político”.

Desde el sector privado existe confianza en que, sin la intermediación estatal, aumente la competencia y se reduzcan los costos en el abastecimiento eléctrico para hogares, comercios e industrias, en función de una mayor oferta garantizada por contratos a largo plazo. Sin embargo, los empresarios advierten que esa transición tendrá un costo. Gabriel Ures, director Comercial de Central Puerto, y Gabriel Vendrell, gerente de Recursos Energéticos de Aluar, coincidieron en que habrá un período cercano a un año en el que la energía será más cara. Vendrell incluso proyectó que los costos podrían aumentar “entre 8 y 10 dólares por megavatio-hora (MWh) para usuarios industriales durante el próximo año”.

La implementación técnica de la reforma está a cargo de Juan Luchilo, actual gerente de Análisis y Control Global de Cammesa y exfuncionario del gobierno de Mauricio Macri. Luchilo anunció que antes de fin de mes se publicará la resolución que modificará las reglas del mercado energético. Paralelamente, el Gobierno prepara una licitación para ampliar la red de transmisión eléctrica, un ambicioso proyecto de 1.100 millones de dólares que apunta a reforzar las líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El esquema será el de “concesión de obra pública”, donde la empresa ganadora deberá financiar y ejecutar la construcción en un plazo estimado de cuatro años, recuperando su inversión posteriormente a través del pago de un canon tarifario aplicado a los usuarios beneficiados.

Por último, la urgencia de la reforma también se vincula con la crítica situación que enfrentará el sistema eléctrico durante el próximo verano. Ante la posibilidad de que una ola de calor prolongada desborde la oferta de energía y provoque cortes de luz, el Gobierno evalúa mecanismos extraordinarios como pagar a grandes usuarios para que reduzcan su consumo en horas pico o incluso aporten energía con generadores diésel. Con una reforma ambiciosa en marcha, las próximas semanas serán decisivas para conocer el impacto político, económico y social de esta transformación del sector energético.