El intento por recuperar la información que Diego Spagnuolo eliminó de su teléfono celular antes de entregarlo a la Justicia quedó en la nada. Así lo confirmaron fuentes judiciales a Clarín, tras la pericia técnica ordenada por el fiscal federal Franco Picardi, que buscaba acceder a datos potencialmente relevantes para la investigación por presuntos hechos de corrupción durante la gestión del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La tarea fue realizada por un área especializada en Crimen Organizado de la Policía Federal, pero “no fue posible recuperar aquello que se borró del celular”, revelaron los investigadores.

El dispositivo en cuestión es un iPhone 16 Pro Max, que Spagnuolo comenzó a usar el 21 de agosto, según determinaron los expertos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP). Hasta esa fecha, el hoy ex funcionario utilizó otro teléfono personal, lo que alimenta las sospechas de una manipulación premeditada del aparato secuestrado en su domicilio de Pilar. La fiscalía había solicitado también a la compañía telefónica un chip con el mismo número con el fin de acceder a la nube donde podría estar almacenada información a pesar del borrado manual. Sin embargo, esos esfuerzos tampoco arrojaron resultados positivos.

El informe técnico inicial de la DATIP señalaba que existía “información borrada”, aunque sin especificar si se trataba de mensajes, videos, o contenido de otra índole. La fiscalía sospecha que Spagnuolo “podría estar resguardando información y/o dispositivos que la contienen”, lo que podría impedir el avance de la investigación. Una copia espejo del celular fue conservada en un disco duro y entregada al fiscal, quien ordenó el intento de recuperación ahora fallido. Este material, junto al acceso a la nube del dispositivo, ya figura en la causa, que a partir de allí amplió su campo de pesquisa.

Tras veinte días hábiles de secreto de sumario, la Fiscalía definió que el objeto procesal se centra en posibles maniobras de corrupción pública desplegadas en la ANDIS entre diciembre de 2023 y agosto de 2025, durante la gestión del presidente Javier Milei. De acuerdo con el dictamen del fiscal Picardi, la pesquisa apunta a determinar “las características” de la maniobra, así como “el conocimiento respecto de su entramado y la identificación de sus responsables”.

Las sospechas involucran a Droguería Suizos Argentina SA, empresa de la familia Kovalivker, pero también a otras compañías del sector que habrían participado en “la recaudación o erogación de pagos indebidos, destinados a funcionarios/as públicos/as del Gobierno Nacional”. Según el fiscal, “estos sucesos habrían ocasionado un perjuicio patrimonial al Estado Nacional, y en particular, a los destinatarios de las políticas públicas de discapacidad”. Sin datos recuperados del teléfono, los investigadores ahora deberán avanzar por otros caminos para desentrañar el alcance de las presuntas irregularidades.