Los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz) se presentaron este lunes en los tribunales de Comodoro Py junto a los fiscales de Estado de sus respectivas provincias para ser admitidos como parte querellante en la causa YPF. El objetivo, según explicaron en el escrito presentado ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4, es “defender los recursos y los intereses patrimoniales” provinciales frente al avance del juicio por la expropiación de la petrolera, que se tramita en los tribunales de Nueva York. La presentación, patrocinada por el abogado Bernardo Saravia Frías, busca que las provincias sean reconocidas como actores directamente afectados por el proceso judicial internacional.
En el documento, los mandatarios recordaron que las provincias son accionistas de YPF desde la sanción de la ley 26.741 en 2012, lo que les otorga derechos patrimoniales comprometidos en el litigio. “Nuestra legitimación es indisputable: las provincias son titulares de un derecho colectivo directamente comprometido por los hechos investigados”, sostuvieron. El escrito repasa además los antecedentes del caso, que se remontan a 2006, cuando se denunció el presunto vaciamiento de YPF durante la gestión de Repsol, la entrada del Grupo Petersen sin aportes de capital y la falta de control estatal. Según los gobernadores, ese proceso culminó en la expropiación de 2012 sin que se respetara el estatuto de la compañía, que establecía la obligación de realizar una oferta pública de acciones.
El reclamo cobra especial relevancia luego del fallo dictado en septiembre de 2023 por la jueza estadounidense Loretta Preska, quien condenó a la Argentina a pagar US$ 16.099 millones a los fondos Petersen y Eton Park por la expropiación de YPF. Aunque el país apeló la decisión, el fallo sigue vigente. En junio de este año, la magistrada incluso ordenó la entrega forzada del 51% de las acciones de YPF en manos del Estado argentino, medida que fue suspendida provisoriamente por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito. Los mandatarios advirtieron que la ejecución de esa sentencia “afecta de forma inmediata e irreversible la estructura accionaria y el gobierno corporativo de YPF” y supone un daño severo para las provincias productoras, tanto en materia de regalías como en soberanía sobre los recursos naturales.
“Esta presentación obedece a la necesidad de avanzar con premura en la investigación de los hechos denunciados hace casi 20 años en la causa, en razón de que su esclarecimiento podría tener un efecto directo en la suerte de decisiones judiciales dictadas en el extranjero, que hasta acá causan un daño patrimonial directo e inminente a nuestras provincias”, afirmaron en el escrito. En esa línea, pidieron al juez federal avanzar con la investigación local, argumentando que “su esclarecimiento puede torcer la suerte procesal en Estados Unidos”. Finalmente, solicitaron que se informe de la presentación a la jueza Preska y a la Cámara de Apelaciones de Nueva York, subrayando la “gravedad institucional” del caso y la urgencia de que la Justicia argentina actúe para proteger los intereses de las provincias involucradas.
