El presidente Javier Milei presentó este lunes por cadena nacional el proyecto de Presupuesto 2026, que proyecta ingresos impositivos por $90.309 millones, un incremento del 22,5% respecto de 2025, equivalente al 8,7% del Producto Bruto Interno (PBI). En el esquema tributario, los principales aportes provendrán del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Ganancias y el Impuesto a los Créditos y Débitos bancarios. Sin embargo, el texto destaca el peso creciente de los Derechos de Exportación (DEX), que se consolidan como una de las fuentes de financiamiento clave para el Gobierno nacional.
Según el documento, los recursos derivados de las retenciones aumentarían un 22,8% en 2026, al pasar de 8,27 billones de pesos a 10,16 billones, lo que elevaría su incidencia del 0,95% al 0,98% del PBI. “El escenario macroeconómico contempla un crecimiento de las exportaciones gravadas en términos reales superior al promedio de la economía”, señala el proyecto. En ese contexto, la Casa Rosada apunta a sostener un modelo fiscal que mantenga el equilibrio alcanzado en los últimos dos años y al mismo tiempo promueva la actividad exportadora como motor del crecimiento.
El proyecto se presenta luego de un año atravesado por importantes modificaciones en la política de derechos de exportación. En enero de 2025, a través del Decreto 38/2025, el Ejecutivo eliminó las retenciones para las economías regionales y redujo de manera transitoria un 20% las alícuotas aplicadas a los principales complejos agroexportadores hasta el 30 de junio. Como resultado, la soja pasó de tributar el 33% al 26%, sus subproductos del 31% al 24,5%, y el trigo, maíz y sorgo del 12% al 9,5%. El girasol y su aceite también fueron alcanzados por las rebajas, pasando del 7,5% y 5% al 5,5% y 4%, respectivamente. Estas medidas implicaron un costo fiscal estimado en 0,126% del PBI.
Posteriormente, el Gobierno consolidó una política de retenciones más estable mediante el Decreto 526/2025, que fijó reducciones permanentes para los complejos agroexportadores, incluyendo las carnes, manteniendo las alícuotas en los niveles vigentes al cierre del primer semestre. Esta decisión buscó dar previsibilidad al sector y asegurar un flujo constante de recursos sin comprometer la competitividad externa.
En paralelo, el oficialismo subraya que su estrategia fiscal apunta a “consolidar el sendero de equilibrio” iniciado en diciembre de 2023. El Sector Público Nacional cerró 2024 con un superávit financiero del 0,3% del PBI —el primero desde 2010— y un resultado primario positivo del 1,8%. Durante los primeros siete meses de 2025, la tendencia se mantuvo: el superávit financiero acumulado fue nuevamente del 0,3% del PBI y el primario del 1,1%. “Estos resultados se alcanzaron a pesar de la eliminación del Impuesto PAIS y la reducción de derechos de exportación e importación, que implicaron una baja de ingresos cercana a los 2 puntos del PBI”, destaca el texto.
Con la presentación del Presupuesto 2026, el Gobierno proyecta sostener su política de disciplina fiscal, manteniendo un superávit financiero del 0,3% del PBI. Las retenciones volverán a ocupar un papel central en la recaudación, en un contexto en el que el Ejecutivo apuesta al repunte de las exportaciones y a un crecimiento económico sostenido sin recurrir al endeudamiento ni a la emisión monetaria.
