La reestructuración de Vicentin ingresó en una etapa clave y con fuerte tensión entre los grandes jugadores del comercio de granos. Según trascendió, la multinacional estadounidense Cargill mantiene conversaciones avanzadas para respaldar la oferta de la corredora Grassi SA, que busca quedarse con los activos de la empresa santafesina a través del mecanismo judicial de cramdown. Aunque la compañía confirmó que mantiene charlas preliminares, aclaró que “su participación sería limitada a un acuerdo comercial con Grassi, en caso de que esta logre imponerse en la puja”, según detalló la agencia Bloomberg.
Vicentin, hasta 2019 uno de los principales exportadores de soja del país, entró en concurso preventivo con deudas que superan los 1.300 millones de dólares. Entre sus activos más valiosos se encuentra una participación del 33% en la planta de molienda de soja de Timbúes, considerada la mayor del mundo, con capacidad para procesar más de 30.000 toneladas diarias. Ese paquete accionario, junto a otras instalaciones estratégicas —incluida una terminal sojera y una planta de girasol—, se encuentra ahora en disputa en un proceso concursal que definirá quién tendrá el control de la compañía. “La continuidad de Vicentin y la definición sobre quién manejará activos estratégicos en la industria aceitera local son cuestiones críticas para el comercio agroexportador argentino”, advierten fuentes del sector.
Además de Grassi, otros pesos pesados del comercio global de granos mostraron interés en Vicentin: Bunge Global SA, que ya posee el 67% restante de la planta de Timbúes, y Louis Dreyfus Company, en alianza con Molinos Agro SA, controlada por la familia Pérez Companc. Sin embargo, Grassi llega con una ventaja: fue la corredora que forzó la apertura del cramdown luego de que la Justicia declarara inconstitucional un intento de rescate liderado por Bunge y avalado por la familia fundadora. La maniobra permitió que la causa quedara abierta a ofertas de distintos competidores. En los próximos días, los interesados deberán presentar sus propuestas a los acreedores, que incluyen a cientos de productores y acopiadores de la región pampeana. Para que un plan prospere, “deberá reunir la adhesión de más de la mitad de los acreedores y dos tercios del monto de la deuda antes de fines de octubre, requisito previo a la homologación judicial”, explicaron fuentes judiciales.
Mientras tanto, la incertidumbre sobre el futuro de Vicentin continúa. El desenlace no solo definirá quién controlará los activos estratégicos de la compañía, sino que también impactará en la dinámica del mercado de exportación de soja y girasol, con efectos directos sobre el comercio y la producción agroindustrial de la región pampeana. El interés de gigantes globales y la participación de actores locales clave consolidan a este proceso concursal como uno de los más relevantes de los últimos años en el sector.
