La investigación judicial por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un avance clave: la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), organismo dependiente del Ministerio Público Fiscal, logró realizar la extracción forense de uno de los teléfonos celulares del exfuncionario Diego Spagnuolo. La información ya fue entregada al fiscal federal Franco Picardi, a cargo de la causa. “Existe sospecha suficiente de la posible comisión de delitos emparentados a actos de corrupción”, sostuvo el fiscal en relación con el expediente.
La primera etapa de la pesquisa tenía como objetivo incautar y peritar los dispositivos digitales de Spagnuolo y de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, accionistas de la droguería Suizo Argentina, vinculada al caso. Sin embargo, la tarea no fue sencilla: al momento del allanamiento, Jonathan Kovalivker se había ausentado de su domicilio y recién este lunes entregó su celular, apagado y sin la clave de acceso. Emmanuel, por su parte, también se negó a proporcionar la contraseña de su dispositivo Samsung. En contraste, el exdirector de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, Daniel Garbellini, fue el único que facilitó la clave de su teléfono.
Las pericias tecnológicas se concentran en los aparatos de Spagnuolo, señalado como responsable de las conversaciones que originaron la causa. El exfuncionario y amigo del presidente Javier Milei entregó dos dispositivos —un iPhone 16 Pro y otro teléfono en mal estado—, ambos sin la contraseña correspondiente. La Justicia busca determinar si en esos equipos existen pruebas que confirmen el contenido de los audios difundidos en medios de comunicación, en los que Spagnuolo hace referencia a un presunto esquema de sobornos. Según sus dichos, laboratorios y droguerías habrían pagado un porcentaje cercano al 3% a funcionarios como Eduardo “Lule” Menem y Karina Milei.
La denuncia que dio origen a la causa fue presentada por el abogado Gregorio Dalbón, representante de Cristina Kirchner, un día después de que los audios se hicieran públicos. En ella se acusa a Javier y Karina Milei, a Lule Menem, a Diego Spagnuolo y a Eduardo Kovalivker, propietario de Suizo Argentina, de haber participado en “un esquema de cobro y pago de coimas relacionadas con la compra y provisión de medicamentos, con afectación directa a los fondos públicos”. La maniobra, según la presentación, podría constituir delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública, infracciones a la ley de Ética Pública y, eventualmente, asociación ilícita.
El juez federal Sebastián Casanello ordenó allanamientos inmediatos tras la denuncia, lo que permitió el secuestro de los dispositivos ahora bajo análisis. Desde la fiscalía se considera que la supuesta estructura de corrupción podría involucrar no solo a funcionarios de la ANDIS sino también a actores privados como la droguería Suizo Argentina, principal proveedora de medicamentos del organismo. La clave, ahora, será determinar si la información recuperada de los celulares aporta evidencia concreta que respalde las sospechas sobre el entramado de pagos indebidos.
