La histórica láctea La Suipachense, ubicada en la localidad bonaerense de Suipacha y propiedad de un grupo inversor venezolano desde 2012, atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. Voceros de la compañía señalaron que en las últimas semanas se registraron acciones violentas y hostiles por parte del gremio Atilra, que incluyeron amenazas, amedrentamiento de gerentes e incluso la toma de control de la administración durante varios días. “Nosotros entramos en 2012 a La Suipachense y hemos hecho grandes inversiones. Sin embargo, en este contexto se dieron hechos que sobrepasaron lo normal de una relación laboral, con niveles de hostilidad y violencia que nunca habíamos vivido”, explicaron desde la firma, perteneciente al grupo Maralac.

El conflicto se originó tras atrasos puntuales en los sueldos de julio, consecuencia de un “estrés financiero” derivado de la caída en el precio de la leche, la suba de costos y el aumento de las tasas de interés. La empresa reconoció que si bien ya abonó la mayor parte de la deuda, aún resta entre un 10% y 15% del total. “No fue algo generalizado ni permanente. Y la reacción fue parar la compañía, lo cual desde nuestra visión fue irracional porque trancar la operativa solo genera más problemas”, añadieron. Según los directivos, la tensión escaló a fines de julio con amenazas verbales y personales contra gerentes y sus familias, incluso con situaciones que calificaron como “secuestro dentro de la planta”. Ante esta situación, intervino el intendente de Suipacha, Juan Luis Mancini. Posteriormente, indicaron, el gremio habría asumido de hecho la administración de la planta durante una semana: “Se sentaban en la oficina del gerente, daban órdenes, pedían información confidencial y decidían qué hacer con los ingresos”.

El impacto en la producción fue inmediato. La Suipachense, que cuenta con 143 trabajadores y un fuerte posicionamiento en leche fluida, redujo a la mitad su nivel de procesamiento, pasando de un promedio mensual de 4 millones de litros a poco más de 2 millones. “Los costos siguen siendo los mismos y el daño se multiplica, porque además se genera incertidumbre entre tamberos, proveedores y clientes”, describieron. La firma alertó que la continuidad de la empresa dependerá de que “se restablezca el respeto a la institucionalidad y a los canales normales de relación gremio-empresa”. En ese marco, se designó a Pascual Bensadón como nuevo director general para intentar restablecer el orden.

Por su parte, el gremio Atilra negó los hechos de violencia denunciados por la empresa y sostuvo que el conflicto se originó por deudas salariales y el despido de empleados administrativos. Según Santiago Alcalde, del sindicato, “estamos atravesando un conflicto salarial. Deben salarios y hubo 9 compañeros que fueron notificados que serán despedidos”. Desde Atilra explicaron que la situación se generó por el pago de sueldos el cuarto día hábil del mes, “invocando una causa falsa” que habría desatado el nuevo conflicto. La tensión continúa en la localidad, donde este lunes se realizó una marcha en apoyo a los empleados de La Suipachense, evidenciando la complejidad de la disputa entre empresa y gremio.