A diferencia de otros años electorales, cuando los gobiernos recurrían a la expansión fiscal, crédito barato y dólar atrasado para estimular la actividad, la actual administración eligió un camino opuesto: sostener la desinflación “a cualquier costo”. Tras la salida del cepo cambiario, el Banco Central mantuvo un tipo de cambio en la banda baja y logró que la inflación mensual descendiera al 1,5% en mayo y 1,6% en junio. Sin embargo, este esquema derivó en pérdida de reservas, déficit externo y un enfriamiento progresivo de la economía.

El Ejecutivo hizo del ajuste fiscal el ancla de su programa económico. El gasto público cae en términos reales, los subsidios se recortan, la obra pública permanece paralizada y los salarios estatales retroceden frente a la inflación. “La meta de superávit primario se elevó de 1,3% a 1,6% del PBI, enviando una señal clara al mercado y al FMI”, remarcaron fuentes oficiales. Esta disciplina, que se endureció desde abril en un contexto internacional más adverso, contrasta con la lógica habitual de campaña electoral en Argentina.

El costo más visible de esta estrategia fue cambiario. Entre marzo y abril, el Banco Central debió vender US$ 2.200 millones para sostener el crawling peg, que pasó de 2% mensual a 1%. A esto se sumaron US$ 2.392 millones para contener la brecha cambiaria en los primeros cuatro meses del año. El resultado fue un déficit récord de US$ 5.191 millones en la cuenta corriente del primer trimestre, según el INDEC.

A la par, se adelantó la liquidación de divisas del agro por la baja transitoria de retenciones que venció en junio, lo que concentró ingresos por US$ 10.800 millones en el primer semestre. En paralelo, se abrió la puerta a capitales de corto plazo al eliminarse el requisito de permanencia mínima de seis meses para inversores extranjeros que ingresaran en bonos argentinos.

Otro frente crítico fue el desarme acelerado de las Letras de Liquidez Fiscal (LEFI). El objetivo era avanzar hacia un esquema monetario con tasa endógena, pero la falta de rollover disparó las tasas de interés y generó presión sobre el dólar. El Tesoro y el Banco Central respondieron con un apretón monetario más fuerte, aumentando los encajes al 40% y volviendo a remunerar liquidez bancaria mediante pases pasivos. El resultado: un fuerte encarecimiento del crédito en todo el sistema financiero.

El efecto ya se siente en la economía real. El crédito privado, que se había duplicado en los últimos doce meses, comenzó a frenarse desde febrero. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC muestra un ciclo de altibajos: tras un pico en febrero, la actividad cayó 1,7% en marzo, repuntó en abril, volvió a retroceder en mayo y se proyecta estancamiento para junio y julio.

En perspectiva, el tipo de cambio real se mantiene menos apreciado que a comienzos de 2025, pero la combinación de ajuste fiscal, contracción monetaria y tasas elevadas marca un contraste con las tradicionales campañas expansivas. La incógnita es si esta receta, diseñada para consolidar la baja de la inflación, resultará también eficaz en las urnas.