La Secretaría de Energía inició conversaciones con empresas privadas del sector eléctrico para diseñar un plan que evite cortes de luz durante el próximo verano, mientras culmina los detalles técnicos para avanzar en la privatización de contratos en el mercado mayorista. El Estado busca un corrimiento progresivo de su rol, coordinando las transacciones a través de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), y generando un esquema de precios más orientado al mercado.

Así lo explicó la secretaria de Energía, María del Carmen Tettamanti, durante un foro organizado por Líderes Empresarios (LIDE). “No hay suficiente potencia instalada como para pasar los picos de la demanda eléctrica en forma tranquila, siempre estamos sufriendo. En el corto plazo, necesitamos medidas que son solamente paliativas para gestionar esa poca oferta y la demanda, en el marco de la resolución 294/2024. Hoy se retomaron las reuniones en el ámbito de ese Plan de Contingencia y Previsión para meses críticos”, afirmó la funcionaria.

El problema que reconoce la funcionaria no es nuevo. La escasez de inversiones en los últimos años y la reorganización del sector han dejado al sistema en tensión, con capacidad limitada para sostener los picos de consumo. La demanda de potencia eléctrica podría superar los 30.000 megavatios (MW) durante las jornadas más calurosas, cuando millones de equipos de aire acondicionado operan simultáneamente. El 10 de febrero pasado se alcanzó un récord de 30.257 MW a las 14.47, y se multiplicaron los cortes de luz por sobrecargas en el Noreste argentino (NEA) y en Buenos Aires.

El Gobierno busca prevenir escenarios críticos mediante medidas temporales que incluyan incentivos económicos para que las generadoras mantengan operativas sus centrales más antiguas, algunas con más de 60 años de funcionamiento, y la evaluación de pagos a grandes usuarios industriales para que reduzcan su consumo en los momentos de mayor demanda. Tettamanti aclaró que “todas esas son medidas paliativas”, mientras se desarrollan soluciones estructurales que requieren más tiempo para implementarse.

Entre las estrategias de fondo, la Secretaría definirá en los próximos días los lineamientos para la privatización de contratos eléctricos, con el objetivo de replicar un esquema similar al de la década de 1990. “Queremos que el sector funcione con generadoras que adquieran combustibles a precios de mercado y entreguen energía a distribuidoras y grandes usuarios industriales, sin subsidios”, señaló Tettamanti. Esta transición preservará los contratos vigentes hasta 2028, como el Plan Gas, pero permitirá abrir el mercado a privados con capacidad crediticia confiable.

Además, el Gobierno proyecta lanzar un programa para incentivar inversiones en generación termoeléctrica, que pueden tardar más de cuatro años debido a la alta demanda mundial de turbinas, y licitar obras para ampliar la red de transmisión de alta tensión en el AMBA, con un costo estimado de 1.100 millones de dólares. En paralelo, se adjudicarán contratos para instalar baterías de litio capaces de almacenar energía durante la madrugada y liberarla por la tarde, un proyecto de entre 12 y 18 meses que podría atraer inversiones por más de 500 millones de dólares.