El Gobierno nacional oficializó este miércoles un nuevo régimen para la conservación, administración y disposición de bienes provenientes de actividades ilícitas que sean recuperados en procesos penales y de extinción de dominio. La medida fue dispuesta a través del Decreto 575/2025 firmado por el presidente Javier Milei y todo su gabinete, y publicado en el Boletín Oficial.

La decisión se conoció el mismo día en que vence el plazo para que Cristina Fernández de Kirchner, junto con Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti y otros acusados en la causa Vialidad, deba abonar el millonario decomiso que les fue impuesto por la Justicia, algo que la expresidenta intenta evitar. En paralelo, el Ejecutivo avanzó con la creación del Consejo de Bienes Recuperados en Favor del Estado Nacional, definido como “el órgano colegiado de supervisión, evaluación y toma de decisiones orientadas a la coordinación interinstitucional, la asignación de recursos y el seguimiento de los bienes cautelados y recuperados en favor del Estado”.

De acuerdo con la normativa, el Ministerio de Justicia será la cartera encargada de administrar y conservar los activos incautados, así como de distribuir el dinero obtenido por su venta. En tanto, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) tendrá bajo su órbita “la enajenación o concesión para su explotación comercial”. Según se establece en los anexos del decreto, “el producido de la venta de los bienes recuperados deberá destinarse, en primer término, a la reparación de las víctimas del delito”.

El texto aclara que el remanente, “luego de efectuada la reparación mencionada, y previa deducción de los gastos de la regularización catastral registral y/o dominial, inscripción, mantenimiento y administración, y satisfechos los aranceles, tasas y comisiones que deba percibir la Agencia de Administración de Bienes del Estado, por su gestión, será distribuido anualmente entre los organismos que integran el flamante Consejo de Bienes Recuperados del Estado Nacional”.

La norma precisa cómo se dividirán esos fondos: el 25% será destinado al Ministerio Público Fiscal, el 20% al Poder Judicial, el 12,5% a las fuerzas de seguridad nacionales y al Ministerio de Justicia, el 10% al Ministerio Público de Defensa de la Nación y a la Unidad de Información Financiera (UIF), mientras que un 5% se asignará al Sedronar y a la asistencia de víctimas de trata de personas.

“El nuevo esquema no incrementa la presión sobre el presupuesto nacional, sino que crea una fuente alternativa, transparente y controlada de financiamiento, sustentada en activos de origen ilícitos recuperados, lo cual responde a estándares internacionales y principios de justicia restaurativa”, argumentó el Gobierno en los fundamentos de la medida.

En ese sentido, se destacó que “la implementación del nuevo Régimen no solo ordena y sistematiza un conjunto normativo actualmente disperso, sino que amplía sustancialmente el universo de bienes alcanzados por las medidas de conservación, administración y disposición”. Además, se puntualizó que el sistema “consolida en una única vía legal los recursos provenientes de procesos penales de la justicia nacional y federal y de extinción de dominio, lo cual incrementa significativamente el caudal disponible para su redistribución con fines públicos”.

Finalmente, el Ejecutivo justificó el nuevo esquema al señalar que en la actualidad existe “una sistemática pérdida de valor, deterioro y desaprovechamiento de activos de significativo potencial económico”. Por ello, consideró necesaria “la adopción de medidas inmediatas para el fortalecimiento logístico, tecnológico y humano a fines de garantizar el pleno ejercicio de la acción penal pública, la tutela judicial efectiva y el respeto de las garantías constitucionales”.