El ex presidente Alberto Fernández busca revertir su procesamiento por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública en el marco de la causa de los Seguros. La apelación presentada por su defensa ante la Cámara Federal porteña cuestiona la resolución dictada por el juez federal Sebastián Casanello, quien a comienzos de julio lo procesó y le trabó un embargo millonario por más de 14.600 millones de pesos. Este miércoles, Casanello remitió formalmente el expediente a la Cámara para que analice los reclamos de Fernández y otros imputados, y decida si corresponde mantener el procesamiento por corrupción.
El procesamiento dictado por Casanello se basa en la supuesta contratación irregular de seguros por parte de diversos organismos públicos, donde se habrían pagado comisiones millonarias a intermediarios privados vinculados al entorno del ex mandatario. Junto a Fernández, fueron procesados el broker Héctor Martínez Sosa, amigo del ex presidente, y su esposa y ex secretaria, María Cantero. La abogada de Fernández, Mariana Barbitta, sostiene que la decisión judicial es “absolutamente arbitraria” y viola derechos constitucionales porque se basa en hechos por los cuales Fernández no fue indagado ni pudo ofrecer pruebas. “Se debe dictar una resolución de mérito sobre los mismos hechos que fueron imputados en la indagatoria. Si esta conexión se rompe, estamos ante una causal de nulidad y una afectación al principio de congruencia”, argumentó.
El caso, conocido como la causa de los Seguros, comenzó tras una investigación periodística que reveló el pago de comisiones millonarias en contratos firmados por la Anses con Nación Seguros, en un esquema que involucró unos 45 contratos estatales y un monto total de comisiones por más de 3.300 millones de pesos. Según la causa, los brokers habrían operado con la connivencia de Fernández para direccionar estas contrataciones y la inclusión de empresas coaseguradoras vinculadas. Un total de 40 personas fueron indagadas por su presunta participación en esta maniobra que se extendió desde diciembre de 2019 hasta diciembre de 2023. A pesar de la ampliación de su declaración indagatoria, Fernández no logró desmontar las evidencias que el juez consideró suficientes para avanzar con el procesamiento y el embargo. Ahora la definición está en manos de la Cámara Federal porteña.
