El nuevo Código Procesal Penal enfrenta un obstáculo crucial antes de su puesta en marcha en los tribunales de Comodoro Py: la carencia de infraestructura y equipamiento para garantizar el funcionamiento del sistema acusatorio. Este modelo, que reemplaza al sistema mixto vigente, otorgará a los fiscales plena responsabilidad en la investigación y acusación, manteniendo a los jueces como garantes del proceso. Sin embargo, la Procuración General de la Nación advirtió que las graves falencias edilicias en los tribunales —con cableados de 1930, problemas estructurales y falta de espacio— podrían poner “en riesgo” el éxito de la transición. El Ministerio de Justicia, por su parte, sostuvo que esas deficiencias “no justifican ni habilitan que se incumpla una ley vigente desde hace más de una década”, aunque aceptó diferir su entrada en vigencia por tres meses.

El nuevo sistema procesal supone audiencias orales en todas las etapas, mayor celeridad y menos burocracia, pero también demanda más personal y recursos. Actualmente, el 32,93% de los cargos de magistrados están vacantes y en la Procuración la cifra asciende al 40%. “Cubrir los cargos es una responsabilidad absoluta del Gobierno”, señalaron fuentes judiciales, que denunciaron que 222 pliegos enviados por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo llevan más de un año y medio sin llegar al Congreso. Aun así, el Ejecutivo ratificó que implementará el sistema en Comodoro Py en el plazo previsto, pese a que allí se tramitan causas complejas y de alto impacto social.

El jefe de los fiscales, Eduardo Casal, presentó un informe en el que reclamó recursos adicionales, advertencias sobre la mudanza a nuevas locaciones y objeciones legales sobre la cesión del edificio Raúl Alfonsín en la ex ESMA. Según la Procuración, la adaptación de las oficinas implicará “desplazamiento significativo de personal y mobiliario” y requerirá tiempo, obras y financiamiento extra. De los $641.000 millones solicitados este año para adecuaciones, solo se aprobaron $454.807 millones. “Las restricciones presupuestarias complejizan el avance de las adecuaciones referidas y justifican que se garanticen los recursos necesarios”, sostuvo Casal, apelando a lo previsto en la Ley 27.148. Como medida de contingencia, el MPF evalúa trasladar dependencias a otros edificios, pero advierte que, sin inversión suficiente, el objetivo de agilizar y modernizar la justicia penal podría diluirse antes de su estreno.