El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desalojó este jueves por la madrugada un predio ubicado detrás del Mercado de Bonpland, en el barrio de Palermo, donde funcionaba un centro cultural y comedor comunitario gestionado por el Movimiento Popular La Dignidad. El operativo, encabezado por el Ministerio de Seguridad porteño, generó una fuerte polémica, con acusaciones cruzadas entre funcionarios y referentes sociales, y una escena de tensión durante una conferencia de prensa que terminó siendo interrumpida por una vecina del espacio. Según el Ejecutivo porteño, el predio estaba ocupado de forma irregular desde hacía años y era utilizado para fiestas, mientras que desde la organización social sostienen que el lugar estaba habilitado y funcionaba con apoyo del propio Estado.

“Hace más de 20 años estaba tomado”, justificaron fuentes del Gobierno porteño, que vincularon el centro cultural con el dirigente Juan Grabois, aunque desde La Dignidad desmintieron esa relación. “Funciona como comedor comunitario y teatro. Todos los días nos llega mercadería para 300 personas desde el Ministerio de Desarrollo Humano de la Ciudad”, aseguró Rafael Klejzer, referente de la agrupación, quien además remarcó que la cooperativa que gestiona el espacio paga los impuestos y posee habilitaciones para sus actividades. “Hace 20 años la Ciudad nos legaliza mandando alimentos”, expresó.

Durante el desalojo, ocurrido cerca de las 6 de la mañana, fue detenido un hombre que se presentó como sereno del lugar y que tenía una orden de captura vigente por una causa de violencia de género. Las autoridades porteñas sostienen que en el predio se encontraron banderas, carteles y otros elementos supuestamente utilizados en piquetes, así como evidencias de “actividades no permitidas”, como fiestas y venta de productos. “El lugar estaba usurpado desde 2012, que se venció y nadie renovó. No funcionaba un comedor, hacían fiestas”, afirmó el secretario de Seguridad de la Ciudad, Maximiliano Piñeiro. En medio de sus declaraciones, una mujer interrumpió la conferencia mostrando documentación que, según dijo, acreditaba la habilitación del comedor y acusó al funcionario de “desinformar”.

El predio, de propiedad estatal, fue cedido en 2001 mediante un permiso precario para la instalación de un comedor. Según el Gobierno porteño, con el paso del tiempo comenzaron a detectarse usos alternativos que no contaban con autorización legal, como el alquiler para eventos o la apertura de locales de venta de alimentos y artesanías. Además, señalaron que en 2022 se firmó un contrato de comodato entre suborganizaciones del movimiento sin el aval legal correspondiente.

El desalojo forma parte de un proceso de recuperación de inmuebles iniciado por la gestión de Jorge Macri, que ya suma 376 predios liberados, según cifras oficiales. El conflicto, sin embargo, pone en evidencia las tensiones entre el Ejecutivo porteño y organizaciones sociales que, pese a operar en espacios cedidos por el Estado y recibir asistencia oficial, son cada vez más cuestionadas por el gobierno local en el marco de una política de endurecimiento hacia los movimientos piqueteros.