El fiscal federal Ramiro González solicitó al juez Ariel Lijo una batería de medidas de prueba con el objetivo de reactivar la causa que investiga presuntas irregularidades en la expropiación de YPF en 2012, durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. La investigación, iniciada en 2006 a partir de una denuncia de Elisa Carrió y la diputada Paula Oliveto, apunta también a esclarecer por qué el gobierno de Alberto Fernández —a través del entonces procurador del Tesoro, Carlos Zannini— habría limitado el proceso de recolección de pruebas (“Discovery”) en la justicia de Nueva York, obstaculizando así una posible defensa del Estado argentino frente a la demanda del fondo buitre Burford Capital.

“Se debe investigar si Carlos Zannini frenó deliberadamente ese proceso de Discovery para tapar casos de corrupción”, señala el requerimiento del fiscal, que remite a la actuación de su antecesor en el cargo, Bernardo Saravia Frías, durante la gestión de Mauricio Macri. Según Saravia Frías, si se hubiera permitido avanzar con las pruebas en Nueva York, se podría haber aplicado la llamada teoría del “árbol envenenado”, lo que habría anulado la compra de derechos litigiosos por parte de Burford. Esta maniobra, a su vez, podría haber salvado al Estado argentino del fallo adverso que recientemente dictó la jueza Loretta Preska, quien ordenó entregar el 51% de las acciones de YPF como parte de un resarcimiento de 16 mil millones de dólares.

Entre los pedidos del fiscal a Lijo —a quien Elisa Carrió acusa de tener la causa “cajoneada” desde hace más de una década— se destacan la incorporación del fallo de Preska, la reiteración de exhortos a España para conocer cómo Burford accedió a las empresas del grupo Eskenazi, y la finalización de peritajes sobre la valuación de YPF al momento de su expropiación. También se requiere evaluar si los montos pagados a Repsol en 2014 se ajustaron a la normativa vigente y si incluyeron variables como pasivos ambientales, intereses capitalizados y demandas judiciales que pudieran haber impactado negativamente sobre la empresa.

El fiscal busca que se determine con precisión si la indemnización a Repsol —firmada por Axel Kicillof como ministro de Economía— fue acordada en términos razonables o si ocultó responsabilidades y favoreció a determinados actores políticos o empresarios. “Se trata de esclarecer si hubo maniobras para proteger intereses privados en perjuicio del Estado”, subrayó González, quien ya presentó diez requerimientos desde que se hizo cargo del caso. Con esta ofensiva judicial, el fiscal presiona a Lijo —actual postulante a la Corte Suprema— para que avance con una causa que podría haber sido clave en la estrategia legal del país en tribunales internacionales y que sigue sin resolución tras casi veinte años.