Santa Cruz fue la gran beneficiaria de 51 licitaciones viales durante los gobiernos kirchneristas, todas adjudicadas sistemáticamente a Lázaro Báez, según corroboró la justicia. Estas obras, que representaron el 12% del presupuesto de Vialidad Nacional, fueron adjudicadas con irregularidades graves que implicaron un daño al Estado por miles de millones de pesos. La investigación reveló que, sin la complicidad de funcionarios del organismo vial, la “organización criminal no habría sido posible”. Ahora, bajo el Gobierno libertario de Javier Milei, la Dirección Nacional de Vialidad fue cerrada y se anunciaron licitaciones para más de 9.000 kilómetros de rutas, pero ninguna en Santa Cruz.
La corrupción constatada en el caso Vialidad, que llevó a la primera condena efectiva de Cristina Kirchner, fue uno de los fundamentos para el cierre del organismo. “Podemos afirmar que mediante la tramitación de 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015, se llevó a cabo una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó a la administración pública nacional”, afirmó Manuel Adorni, vocero presidencial. El Gobierno anunció un plan para licitar 9.154 kilómetros divididos en 18 tramos, que abarcan el 20% de la red vial pero concentran el 80% del tránsito nacional, sin incluir un solo kilómetro en la provincia patagónica, priorizando concesiones con peaje.
Durante la era kirchnerista, Santa Cruz recibió el 12% del presupuesto de Vialidad Nacional y el 86% de esos contratos fueron para el grupo de Báez, con un costo de 46.000 millones de pesos. La mitad de esas obras quedaron inconclusas, lo que motivó una demanda civil contra Cristina Kirchner, Báez y otros condenados, por daños y perjuicios que superan los 22.000 millones de pesos, el dinero que se pagó por rutas nunca terminadas. Entre las irregularidades detectadas figuran la simulación de licitaciones, sobreprecios del 64,72%, constituciones fraudulentas de uniones transitorias de empresas y adjudicaciones pese a incumplimientos reiterados.
Estos procesos fraudulentos fueron gestionados principalmente por la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz, con facultades delegadas por la Dirección Nacional de Vialidad, que tuvo un rol central en la maniobra que produjo un daño estimado en 86.000 millones de pesos y sigue en actualización para determinar el decomiso final. La justicia definió la situación como “el Estado a favor de Lázaro Báez”, quien mantuvo un circuito exclusivo de pagos y al final del gobierno kirchnerista fue el único empresario al que no se le adeudaba dinero. Hoy, esa dinámica quedó totalmente interrumpida con la eliminación del organismo vial y la exclusión de Santa Cruz de las nuevas licitaciones nacionales, en un claro quiebre con el pasado.
