La Justicia decidió que el Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema será el encargado de actualizar la cifra base del decomiso que deberán afrontar Cristina Kirchner y los demás condenados en el caso Vialidad. El monto inicial supera los 86.000 millones de pesos y el máximo tribunal busca imprimir “celeridad” a esta tarea dada la magnitud del dinero involucrado. “El recupero de los bienes de la corrupción es un objetivo de la Corte”, indicaron fuentes judiciales a este medio.
Este proceso de actualización tiene como fin determinar el valor definitivo del fraude ocasionado mediante la denominada “fenomenal maniobra defraudatoria” que involucró a la expresidenta y ocho exfuncionarios, quienes fueron condenados en la causa que juzgó el desvío de fondos públicos destinados a obras viales en Santa Cruz. El juez a cargo de ejecutar la pena, Jorge Gorini, notificó al tribunal un monto base de $86.085.463.548,25 que será revisado con la participación de peritos designados tanto por la Fiscalía como por las defensas. Posteriormente, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) integrado por Gorini y otros dos jueces, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, será quien determine el sistema de actualización y valide la cifra final.
El caso se originó en el análisis de 51 procesos licitatorios mediante los cuales Lázaro Báez concentró el 86% de la obra pública vial financiada entre 2003 y 2015 en Santa Cruz. La Justicia federal probó que el kirchnerismo otorgó estos contratos de forma irregular, sin controles, con direccionamientos y simulación de concursos. La sentencia subrayó que Cristina Kirchner, en su rol de jefa del Poder Ejecutivo, tuvo una “intervención fundamental” para concretar la maniobra ilícita, en la que se favoreció a Báez, su socio comercial, mediante normas que facilitaron la discrecionalidad presupuestaria y el sostenimiento de pagos a empresas bajo control del acusado.
El primer cálculo del decomiso, actualizado hasta diciembre de 2022, arrojó un monto de casi 85.000 millones de pesos, resultado de la suma del sobreprecio estimado en un 20% sobre cinco obras testigo y los daños por abandono y modificaciones. Ahora, el trabajo de los peritos de la Corte Suprema será determinar el valor actual, tomando en cuenta la inflación y demás variables económicas.
Una vez fijada la cifra definitiva, el tribunal ordenará la intimación a los condenados para que depositen el dinero en un plazo de diez días. De no cumplir, se procederá con la ejecución y remate de bienes embargados. Actualmente, los embargos sobre Cristina Kirchner y sus familiares ascienden a 10.000 millones de pesos, cantidad que será actualizada y verificada en registros inmobiliarios para asegurar la correcta administración y eventual liquidación de los activos.
El fiscal Diego Luciani destacó la importancia de esta etapa y explicó que la ejecución del decomiso es “particularmente relevante” por el “daño social inconmensurable” que generó la corrupción en la obra pública vial santacruceña. En su informe detalló las propiedades y empresas vinculadas a Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, así como a Lázaro Báez, quien posee más de 130 inmuebles en Santa Cruz y participaciones en firmas como Austral Construcciones.
El proceso judicial continuará con la actualización y ejecución de los bienes y fondos para resarcir al Estado por el perjuicio ocasionado, mientras avanzan otros procesos relacionados, como el próximo juicio oral por lavado de dinero que involucra a la expresidenta y dirigentes de La Cámpora.