El presidente Javier Milei confirmó este lunes que el Gobierno apelará la decisión de la justicia de Estados Unidos que ordenó a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF como parte de pago de una sentencia que obliga al país a abonar US$16.100 millones. A través de un extenso descargo publicado en su cuenta de X, el mandatario responsabilizó por la situación al exministro de Economía Axel Kicillof y calificó el fallo como “una consecuencia directa del desastre kirchnerista”.

“Sepan todos los argentinos que vamos a apelar este fallo en todas las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales”, aseguró Milei, al tiempo que criticó duramente al actual gobernador bonaerense: “Es responsabilidad directa del inútil soviético de Axel Kicillof cuando era Ministro de Economía durante la segunda presidencia de la condenada de CFK”. El mandatario afirmó que “pasaron más de 10 años” del último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y, sin embargo, “los argentinos seguimos sufriendo las consecuencias del peor gobierno de la historia”.

El pronunciamiento presidencial se dio luego de que la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, fallara a favor del fondo Burford Capital, que adquirió los derechos de litigio de los antiguos accionistas de YPF tras la expropiación realizada por el Estado argentino en 2012. El fallo habilita a embargar el 51% de las acciones que el país mantiene en la petrolera, como parte de una causa que data de hace más de una década.

La reacción oficial no se limitó a la figura del Presidente. Ministros como Patricia Bullrich, Luis Caputo y Federico Sturzenegger replicaron su mensaje, al igual que referentes del oficialismo como el diputado José Luis Espert, quien fue categórico: “YPF nunca debió ser reestatizada. Kicillof la reestatizó en 2012 violando el estatuto y hoy todos pagamos las consecuencias de su ignorancia supina”.

Las críticas también llegaron desde otras fuerzas. “Más de 10 años después de su paso por el Ministerio de Economía, seguimos pagando las consecuencias del desastre que hizo”, apuntó el jefe del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo. En tanto, Paula Oliveto, de la Coalición Cívica, señaló: “Los que votaron la nacionalización junto a un negociado para los K y los Eskenazi fueron cómplices. Esto sigue impune a pesar de nuestra denuncia”.

La polémica se suma al debate interno por la situación actual de YPF y la postura del Gobierno sobre su eventual privatización. Mientras tanto, desde el Ejecutivo insisten en que apelarán el fallo para evitar que se efectivice la entrega de acciones, mientras crecen las voces que piden revisar las decisiones tomadas en 2012, cuando el Estado argentino avanzó con la expropiación sin respetar las cláusulas del estatuto de la empresa. Según explicó Espert, el valor actual de las acciones embargadas sería de poco más de US$6.000 millones, “menos del 40% del monto de la sentencia”.

El proceso legal continúa en Estados Unidos, donde Argentina buscará revertir una condena que representa uno de los mayores pasivos judiciales de su historia. Entretanto, el Gobierno refuerza su estrategia discursiva centrada en culpar a la gestión anterior por el fallo, en medio de un complejo frente judicial, político y financiero.