La ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sufrió un nuevo revés judicial en el fuero Civil y Comercial. La Sala III de la Cámara rechazó por segunda vez un planteo presentado por su defensa para que se declare la caducidad de una millonaria demanda que inició el Estado nacional por obras adjudicadas a Lázaro Báez y que, pese a haber sido cobradas, no se concluyeron. El reclamo asciende a $22.300 millones y fue iniciado durante la gestión de Mauricio Macri. La actual administración de Javier Milei decidió sostener el litigio.
El planteo había sido presentado por el abogado Luis Goldin, quien representa a Cristina Kirchner en la causa. Su estrategia consistía en argumentar que la Dirección Nacional de Vialidad, parte demandante, había dejado transcurrir más de seis meses sin impulsar el expediente, lo que, según su criterio, justificaba declarar la caducidad del proceso. La Cámara, sin embargo, desestimó ese cálculo. “Entre el 17 de marzo y el 18 de septiembre de 2023 no se cumplieron los seis meses que establece la ley para pedir la caducidad”, detallaron los jueces.
En su fallo de cinco páginas, los camaristas también cuestionaron el enfoque técnico de la defensa de la expresidenta. “Confunde los argumentos concernientes a la procedencia de la caducidad con aquellos otros concernientes a la admisibilidad del recurso”, sostuvieron. Además, señalaron que el razonamiento propuesto por Kirchner “carece de rigor lógico” y que, de aceptarse, implicaría dejar sin efecto lo que expresamente establece la legislación vigente.
La causa civil busca obtener un resarcimiento económico por los daños ocasionados al Estado a raíz de 51 licitaciones viales que fueron adjudicadas a empresas de Lázaro Báez durante los gobiernos kirchneristas. Inicialmente, el monto reclamado era de $46.000 millones, pero esa cifra fue recalculada por el Tribunal Oral Federal N.º 2, que en el juicio penal estableció que la defraudación al Estado alcanzó los $85.000 millones. Ese nuevo valor, validado por la Cámara de Casación y la Corte Suprema, servirá como base para actualizar el reclamo civil.
Los fundamentos del fallo penal detallaron cómo se produjo el perjuicio económico: por un lado, la diferencia entre el presupuesto oficial y el precio finalmente contratado como consecuencia de licitaciones manipuladas; por otro, la existencia de sobreprecios en al menos tres de las cinco obras viales peritadas. “La pericia oficial habló de un daño de entre 170 y 220 millones de dólares solo en ese universo acotado”, subrayaron los jueces.
Durante la gestión de Alberto Fernández, el entonces procurador del Tesoro, Carlos Zannini, no instruyó a los abogados del Estado para avanzar en la causa contra Cristina Kirchner. Sin embargo, el gobierno de Milei tiene una postura opuesta. “Es un reclamo del Estado que se continuará”, señalaron fuentes oficiales. La demanda civil, ahora más robustecida con los fallos penales y la actualización de los montos, sigue su curso y representa uno de los frentes judiciales más sensibles para la expresidenta.
