El Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema de Justicia inició el proceso para definir el monto final del decomiso que deberá afrontar Cristina Kirchner y los otros ocho condenados en la causa Vialidad, vinculada a la corrupción en obra pública vial en Santa Cruz. La cifra base notificada por el juez Jorge Gorini —responsable de ejecutar la sentencia— asciende a $86.085.463.548,25, monto que será actualizado con la participación de peritos designados tanto por las defensas como por la fiscalía. Fuentes judiciales anticipan que la suma final podría alcanzar los 600 millones de dólares, cifra extraordinaria que reflejará la magnitud del daño ocasionado al Estado.
Hace poco más de una semana, Gorini solicitó formalmente la intervención del Cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte para actualizar el monto original fijado en el veredicto, que rondaba los 84.835 millones de pesos según índices oficiales de inflación y precios al consumidor. El fiscal general Diego Luciani resaltó en su dictamen la gravedad del daño social provocado: “La efectiva ejecución del decomiso en el caso que nos ocupa adquiere una particular relevancia habida cuenta de que los comprobados hechos de corrupción con la obra pública vial de la provincia de Santa Cruz provocaron un daño social inconmensurable y sin precedentes”. El juicio confirmó que los 51 contratos otorgados al Grupo Austral de Lázaro Báez fueron producto de licitaciones direccionadas, simulaciones y sobreprecios, con un perjuicio inicial estimado en 46 mil millones de pesos.
Con las pericias ya en marcha, la etapa siguiente será notificar a los nueve condenados, encabezados por Cristina Kirchner, para que en un plazo de diez días hábiles depositen el monto definitivo del decomiso. De no hacerlo, se procederá a la ejecución de los bienes embargados, a los cuales la ex presidenta y Báez concentran la mayor parte. Luciani pidió una nueva tasación actualizada de esas propiedades, además de un exhaustivo inventario de bienes muebles e inmuebles, acciones societarias y fondos en cuentas bloqueadas, como los montos de dinero que Cristina Fernández cedió a su hija Florencia y que permanecen embargados.
El fiscal además subrayó la existencia de una “alianza delictiva” entre funcionarios públicos de distintas jerarquías, que actuaron de forma coordinada para desviar fondos estatales. Por ello, el decomiso es visto no solo como una sanción, sino también como un mecanismo para resarcir al Estado por el daño sufrido. Paralelamente, la ex vicepresidenta enfrenta un nuevo juicio por lavado de dinero vinculado a sus sociedades familiares Los Sauces SA y Hotesur SA, cuya valuación también se encuentra en análisis.
El avance en la actualización del decomiso marca un paso clave en la ejecución de una de las condenas más relevantes por corrupción en la historia judicial argentina, que aún sigue sumando capítulos y cifras millonarias.
