A través de la Resolución 98/2025, publicada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Gobierno nacional derogó las normativas que establecían pesos mínimos obligatorios para la faena de bovinos, una medida que estaba vigente desde 2007. La decisión, que entrará en vigencia el 1° de enero de 2026, forma parte de un proceso más amplio de desregulación impulsado por el Ejecutivo, bajo la premisa de devolver al mercado la capacidad de autorregulación y reducir la intervención estatal.

El cambio implica dejar sin efecto las resoluciones 68/2007 y 547/2008, que habían sido implementadas durante el gobierno de Néstor Kirchner con el objetivo de evitar la faena precoz de animales livianos, mejorar el rendimiento cárnico y asegurar estándares mínimos de calidad. En ese entonces, se fijó un piso de 280 kilos de peso vivo, que luego fue ajustado a 322 kilos, equivalentes a 165 kilos de res con hueso. Además, se implementaron mecanismos de fiscalización y sanción para frigoríficos y comercializadores que no cumplieran con esos estándares.

La resolución firmada por el secretario Sergio Iraeta sostiene que “la regulación del peso mínimo de faena ya no resulta necesaria” y que actualmente “los productores cuentan con los conocimientos técnicos, la experiencia y las herramientas de gestión adecuadas para determinar el momento óptimo de faena según sus propios objetivos productivos y comerciales”. Además, en los considerandos se señala que el antiguo régimen “generaba incertidumbre normativa” y limitaba la planificación del ciclo productivo.

El anuncio generó reacciones dispares en el sector ganadero. Carlos Odriozola, coordinador de la Comisión de Carnes de la Sociedad Rural Argentina (SRA), celebró la medida al afirmar que “va en línea con una cadena ganadera con menos regulaciones” y que podría “generar inversiones y más oferta tanto en el mercado interno como externo”. En la misma línea, el presidente de la Asociación de Productores Exportadores Argentinos (APEA), Fernando Herrera, consideró que “es deseable que aumente el peso de faena, pero no debería ser a partir de prohibiciones o restricciones”.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, respaldó públicamente la decisión: “La resolución avanza en la remoción de una interferencia en el mercado ganadero. Si el productor elige faenar con mayor kilaje, la norma era innecesaria. Pero si prefería un peso menor, no podía optimizar su producción”.

Sin embargo, no todos comparten el entusiasmo. Leonardo Rafael, titular de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMyA), fue crítico con la eliminación total del piso de faena. “Hoy estamos en 165 kilos y tendríamos que haber ido a 200”, señaló. “Esto va a beneficiar en el corto plazo a la oferta, pero en el mediano plazo puede perjudicar la recuperación del stock ganadero y limitar el abastecimiento interno y externo”.

La resolución prevé un período de transición hasta enero de 2026 para que productores y frigoríficos adapten sus procesos, aunque los procedimientos sancionatorios previos seguirán vigentes hasta su resolución. El debate, mientras tanto, se mantiene abierto entre quienes celebran la desregulación como un incentivo a la eficiencia y quienes advierten que podría comprometer el desarrollo sustentable del sector ganadero.