Después de casi dos meses del rechazo a los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, el Gobierno reactivó el debate en el Senado en torno a una posible ampliación de la Corte Suprema de Justicia. Paralelamente, también se pondrá sobre la mesa una reforma de la Auditoría General de la Nación (AGN), un organismo clave para el control del Estado, que permanece acéfalo desde hace dos meses por la falta de designación de sus miembros.
Ocho proyectos que proponen modificar la integración de la Corte Suprema fueron incluidos en el temario de la reunión plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, que se realizará este miércoles. Entre las iniciativas, se destacan las del kirchnerismo, presentadas por Silvia Sapag y Nora del Valle Giménez, así como las de otros senadores de diferentes bloques: Lucila Crexell, Alejandra Vigo, Flavio Fama, Mónica Silva y Juan Carlos Romero.
Romero tomó un rol protagónico al intentar destrabar el debate mediante conversaciones con el bloque que lidera José Mayans (UxP), con el objetivo de alcanzar un acuerdo político amplio. La Corte funciona actualmente con sólo tres miembros —Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti—, lo que suma presión a la necesidad de cubrir las vacantes. En este contexto, Romero presentó un proyecto que propone elevar de cinco a siete el número de jueces de la Corte, con un criterio de equidad de género: “no más de cinco podrán ser del mismo sexo”.
A pesar de los avances en las conversaciones con sectores del peronismo, desde el bloque de Unión por la Patria optaron en los últimos días por mantener en reserva su posición. José Mayans, jefe de ese espacio, insistió en que cualquier negociación debe incluir no sólo las vacantes de la Corte, sino también las de otros ámbitos del Poder Judicial. El PRO y la UCR, principales aliados legislativos del oficialismo, todavía no expresaron una postura firme, aunque un acuerdo entre el Gobierno y el peronismo podría alcanzar los votos necesarios para una eventual reforma.
El bloque de Convicción Federal, surgido de una escisión del peronismo, también expresó su respaldo a la ampliación de la Corte. En este marco, la senadora Carolina Moisés planteó la necesidad de avanzar hacia una representación más federal e inclusiva: “es fundamental incorporar mujeres al órgano máximo del Poder Judicial”, sostuvo.
Por otro lado, el Senado también dará inicio al tratamiento de una posible reforma de la Auditoría General de la Nación. El organismo, encargado de supervisar las cuentas públicas, permanece sin funcionamiento pleno desde hace dos meses debido a la falta de nombramientos por parte del Congreso. En este sentido, se debatirán tres propuestas: una de Mayans, que amplía la cantidad de auditores de 6 a 8; otra de Romero, que mantiene la cantidad actual; y una tercera del senador Sergio Leavy, que propone reducirla a 4 miembros (dos por cámara). Las tres alternativas coinciden en acortar los mandatos de 8 a 4 años.
En paralelo, la Cámara de Diputados también analiza un proyecto del presidente del cuerpo, Martín Menem, que propone redistribuir la representación dentro de la AGN quitándole un auditor al Senado y asignándolo a la Cámara Baja. Esta iniciativa busca resolver el bloqueo político que impide completar el órgano de control. Así, el Congreso vuelve a poner en agenda dos piezas clave para el funcionamiento institucional del país, en un contexto de negociaciones cruzadas y búsqueda de consensos.
