El Gobierno nacional anunció una nueva medida dentro de su plan de ajuste fiscal que afecta a más de 15.500 usuarios residenciales de energía eléctrica en barrios cerrados, countries y clubes de campo del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en Puerto Madero. Estas zonas concentran los ingresos más altos del país y, según explicaron las autoridades, los usuarios que allí habitan serán excluidos del régimen de subsidios energéticos. La medida, que había sido intentada sin éxito por el kirchnerismo, busca “terminar con privilegios” y sanear un sistema tarifario “devastado”.
El vocero presidencial y legislador electo por La Libertad Avanza (LLA), Manuel Adorni, explicó que “más de 15.500 usuarios de electricidad van a ser excluidos del régimen de subsidios”, de los cuales el 44% estaba categorizado como de ingresos bajos y el 56% como de ingresos medios. “A pesar de haberse inscripto como tales, gozaban de privilegios como piletas climatizadas y sus consumos mensuales se equiparaban con los de una PyME promedio”, afirmó. En promedio, estos usuarios consumen el doble o hasta tres veces más que un usuario residencial estándar, que promedia unos 250 kilovatios-hora mensuales. La medida implica un ahorro fiscal estimado en más de 3.000 millones de pesos al año y busca “consolidar aún más el orden fiscal”, subrayó Adorni, quien insistió en que “la energía cuesta y quien puede pagarla, debe hacerlo”.
La recategorización automática se realizó con herramientas de Sistemas de Información Geográfica (GIS) y bases de datos espaciales, utilizando información oficial de ARBA y del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU). Los usuarios afectados serán excluidos del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), aunque podrán presentar reclamos individuales a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD), con carácter de declaración jurada. Entre los barrios privados en la mira se encuentran Nordelta, Santa Bárbara, Campo Grande, Pilar del Este, Lomas de Quilmes y Puerto Madero, entre otros. Aunque el número representa un pequeño porcentaje dentro de los más de 9 millones de hogares que aún mantienen subsidios, la medida es vista como un gesto político hacia el segmento “no subsidiado” y un golpe a los “privilegios” que sectores acomodados disfrutaban en materia energética. Sin embargo, expertos advierten sobre posibles “errores de exclusión”, cuando usuarios que realmente necesitan subsidios sean removidos de manera errónea, lo que podría generar controversias y reclamos.
