El gobierno de Javier Milei continúa intensificando su presión sobre la Corte Suprema de Justicia, después del reciente juramento de Manuel García-Mansilla como nuevo ministro del máximo tribunal. En esta oportunidad, el Ejecutivo ha decidido incorporar al juez federal Ariel Lijo a la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, prevista para este sábado, a pesar de las demoras en el tratamiento de su licencia extraordinaria. Según fuentes cercanas al presidente, “es inevitable que sea designado, solo falta una formalidad”, lo que justifica la decisión de invitar a Lijo al evento, aunque su presencia será en calidad de invitado especial. Sin embargo, el oficialismo no descarta utilizar su discrecionalidad para ubicar al magistrado junto a los otros miembros de la Corte, como Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y el recientemente incorporado García-Mansilla.
El Gobierno mantiene su firme postura respecto al futuro de Lijo en la Corte, a pesar de las tensiones con algunos sectores judiciales. Desde Balcarce 50, aseguran que no les inquieta un posible malestar de los actuales jueces del tribunal. “Ellos no son los que deciden quiénes son los invitados y en dónde se ubican. Somos nosotros los que lo decidimos y el sábado estarán los cinco sentados, le guste a quien le guste”, remarcaron desde el entorno del presidente. A pesar de que la Corte aún no ha tomado una decisión sobre la licencia solicitada por Lijo, el Ejecutivo considera que el magistrado será aceptado sin inconvenientes, con proyecciones de que su juramento se concrete en los próximos días.
No obstante, la situación es más compleja de lo que el Gobierno quiere admitir. Si bien Lijo es considerado un candidato fuerte para integrar la Corte, la postergación del tratamiento de su licencia para el próximo 6 de marzo podría ofrecer a la oposición una oportunidad para bloquear su designación. Si los senadores del kirchnerismo, junto a un bloque de senadores opositores como los radicales Pablo Blanco y Carolina Losada, o los libertarios, logran unificar sus fuerzas, podrían alcanzar los votos necesarios para rechazar su nombramiento. Este escenario, que dejaría a Lijo en una situación complicada, no solo representaría un revés para el presidente, sino que también pondría en evidencia las tensiones internas dentro del oficialismo.
Mientras tanto, el Gobierno se muestra inflexible ante las críticas que surgen desde diferentes sectores, incluyendo al exmiembro de la Corte, Juan Carlos Maqueda, quien cuestionó los nombramientos por decreto. Desde el Ejecutivo, se respondió con contundencia: “No nos importa su opinión”. En este contexto, también se descalificó a los cuestionamientos de Mauricio Macri, quien expresó su rechazo a la designación de Lijo, argumentando que sus críticas son solo una “opinión personal” que no representa a la totalidad del PRO. Aunque los elogios a Lijo por parte de algunos dirigentes del oficialismo muestran que el debate sobre su nombramiento sigue siendo un tema de fuerte división interna.
