La Justicia Federal ordenó una pericia contable sobre el patrimonio de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de una causa reabierta por orden de la Cámara Federal porteña. La investigación se enfocará en posibles inconsistencias en sus declaraciones juradas entre 2009 y 2015. La exmandataria enfrenta un pedido de decomiso de 80.000 millones de pesos en la causa Vialidad, mientras que su última declaración jurada expone un patrimonio de 250 millones de pesos.
A lo largo de los años, al menos tres jueces consideraron que no había pruebas suficientes para imputarla por enriquecimiento ilícito. En junio de 2024, el juez Julián Ercolini, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, archivó una causa que abarcaba el período de sus dos presidencias. Sin embargo, la Cámara Federal hizo lugar a un reclamo de la Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en la causa, y ordenó reabrir la investigación para analizar la evolución patrimonial de la exmandataria. La pericia busca esclarecer la relación entre su fortuna y las empresas Los Sauces, Hotesur y Austral Construcciones, además de la correcta declaración de bienes heredados de Néstor Kirchner.
El análisis incluirá inmuebles en Río Gallegos y El Calafate, algunos de ellos vinculados al empresario Lázaro Báez. Se investigará si hubo omisiones en la declaración de terrenos adquiridos mediante permutas con Báez y si se registraron correctamente las propiedades de su sociedad conyugal. También se examinarán sus depósitos a plazo fijo y cuentas en dólares, debido a presuntas discrepancias con lo declarado ante la Oficina Anticorrupción. La justicia busca determinar si hubo un desequilibrio entre su patrimonio real y lo informado en sus declaraciones juradas, en un caso que vuelve a poner el foco en la fortuna de la exmandataria.
