El presidente Javier Milei tomó una serie de decisiones que marcaron un giro en la política de seguridad y tierras del país. En primer lugar, anunció la declaración de la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) como un grupo terrorista. “Se va a declarar organización terrorista a la RAM. El Ministerio de Seguridad ya está trabajando en el expediente”, confirmó el vocero presidencial Manuel Adorni. La medida también puso en la mira a Facundo Jones Huala, líder del grupo, a quien Adorni calificó de “terrorista” en varias ocasiones debido a sus recientes declaraciones sobre la reivindicación de incendios y otros atentados en la región patagónica. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también respaldó la decisión, recordando los antecedentes del líder mapuche, quien había sido liberado luego de intentar robar autos y, posteriormente, promovió la “lucha armada”.
La decisión de declarar a la RAM como organización terrorista se suma a la medida tomada por el Gobierno de revocar la cesión de tierras a comunidades mapuches en Mendoza. En un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno de Milei dio marcha atrás con una resolución del gobierno anterior, encabezado por Alberto Fernández, que reconoció ocupaciones ancestrales en la región de Los Molles y El Sosneado, en los departamentos de Malargüe y San Rafael. Adorni destacó que “los territorios que estaban en manos de terroristas vuelven a estar en manos de los argentinos”, al tiempo que se anuló un programa de fortalecimiento comunitario que permitía a grupos asociados con la RAM tener representación legal en conflictos territoriales.
La medida, que se formalizó a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), fue celebrada por la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, quien aseguró que se logró anular las resoluciones del INAI que intentaban imponer el reconocimiento de ocupaciones ancestrales “de manera ilegítima”. Esta revocatoria se da en el contexto de los recientes incendios en la Patagonia, que las autoridades locales han atribuido a grupos mapuches. En cuanto a las implicaciones legales y territoriales, Casado resaltó que la resolución permite “reconocer la inconstitucionalidad” de las decisiones previas y anula el intento de apropiación de tierras en el sur de Mendoza, basado en “argumentos infundados”.
La postura del Gobierno de Milei refleja un enfoque firme hacia lo que considera amenazas a la soberanía nacional, como lo demuestran estas medidas contra la RAM y el retroceso en el reconocimiento de tierras ancestrales. Esta decisión parece alinearse con su promesa de fortalecer el control sobre los recursos del país y su resistencia a lo que percibe como una intervención externa en los asuntos internos.
