El fiscal ante la Cámara de Casación, Raúl Pleé, solicitó la anulación del fallo emitido durante la feria judicial que permitió la libertad condicional a varios acusados de narcotráfico. La resolución generó polémica y duras críticas desde el Gobierno nacional, que advirtió sobre el impacto negativo de este beneficio para quienes cometieron delitos graves. Pleé también reclamó la intervención de la Corte Suprema y solicitó un fallo plenario que unifique la jurisprudencia y reestablezca los artículos de la ley cuestionados.
El conflicto comenzó a fines de enero, cuando la Cámara Federal de Casación Penal declaró inconstitucionales ciertos artículos de la Ley 24.660, que impedía el acceso a la libertad condicional para condenados por delitos graves, como homicidios agravados, narcotráfico, trata de personas, terrorismo y secuestro seguido de muerte. Esta decisión fue tomada por dos votos contra uno y contradice las reformas impulsadas en 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri para endurecer las penas. Desde el Ejecutivo actual, encabezado por Javier Milei, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió la necesidad de mantener estas restricciones.
“La reforma legal que priva de la libertad condicional a los condenados por determinados delitos graves no viola los principios constitucionales”, argumentó Pleé. Según el fiscal, las disposiciones cuestionadas establecen un régimen de progresividad para delitos graves como el tráfico de drogas y justifican un trato diferenciado debido a la gravedad de los mismos.
La causa que encendió el debate
El caso que puso el tema en el centro del debate involucra a Carlos Hernán Beati, condenado a seis años de prisión por liderar una banda de narcotráfico en el municipio de Moreno. Según la investigación, la organización operaba una remisería que funcionaba como pantalla para distribuir drogas a domicilio. El Tribunal Oral Federal (TOF) número 3 de San Martín le había negado el beneficio de libertad condicional, amparándose en las modificaciones de la Ley 27.375, que impiden esta medida para quienes comercian estupefacientes.
Sin embargo, la defensa de Beati apeló la decisión y la Cámara de Casación declaró inconstitucionales los artículos de la ley que restringen este tipo de beneficios. Ahora, el fiscal Pleé busca revertir el fallo a través de un plenario de la Cámara de Casación y, eventualmente, la intervención de la Corte Suprema.
El pedido del fiscal busca cerrar la puerta a posibles fallos que flexibilicen el régimen de penas para delitos graves y reinstaurar la línea dura que establece la legislación vigente.
