El ex presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Ignacio Yacobucci, realizó un balance de su gestión tras presentar su renuncia en medio de tensiones políticas y acusaciones. En su informe de 160 páginas, Yacobucci destacó que “hemos ejercido con valentía el rol de querellante que nos compete, sin temor a represalias ni presiones”. Durante su mandato, la UIF se constituyó como querellante en casos de corrupción que involucran a figuras políticas como Cristina Kirchner, Martín Insaurralde y Eduardo Belliboni, además de avanzar en el recupero de activos por un monto récord de más de 736 millones de pesos en efectivo, inmuebles y vehículos.
La salida de Yacobucci se produjo tras denuncias que el ex funcionario calificó como infundadas, y en un contexto en el que el Gobierno anunció un cambio de estrategia en la UIF. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el asesor presidencial, Santiago Caputo, han adelantado que el organismo dejará de querellar en casos de corrupción política para concentrarse en delitos de narcotráfico y lavado de dinero. Esta postura ha generado preocupación en el ámbito internacional. Según fuentes cercanas al Grupo de Acción Financiera (GAFI), las renuncias de Yacobucci y del vicepresidente Manuel Tessio reflejan “presiones gubernamentales” que afectan la autonomía de la UIF, un tema considerado central en las evaluaciones internacionales.
El impacto de estos cambios no se limita al plano local. Tanto el GAFI como el Grupo Egmont —organización que reúne a más de 170 Unidades de Inteligencia Financiera a nivel global— han expresado su preocupación por la aparente falta de independencia del organismo argentino. De hecho, en el último informe del GAFI se mencionaron advertencias sobre la autonomía de la UIF, especialmente luego del desplazamiento de Tessio en plena evaluación del país. A pesar de ello, la UIF alcanzó importantes logros durante 2024, como la gestión de casi 94.000 reportes de operaciones sospechosas y la sanción de 19 nuevas resoluciones para actualizar el marco normativo.
Con la renuncia de Yacobucci, el fiscal federal Paul Starc se perfila como su sucesor. No obstante, la designación aún no ha sido oficializada por el Gobierno. En paralelo, voces críticas del kirchnerismo duro, como Rodolfo Tailhade y Martín Mena, apoyaron públicamente el cambio de rumbo en la UIF, argumentando que las querellas contra políticos no eran parte de su función original. Sin embargo, el decreto 2226 de 2008, firmado por la ex presidenta Cristina Kirchner, autoriza a la UIF a actuar como querellante en procesos relacionados con delitos graves, incluyendo corrupción, siempre que la gravedad de los hechos lo justifique.
El futuro de la UIF queda en un terreno incierto, con tensiones entre su rol técnico y las presiones políticas que rodean su gestión. En un contexto de desafíos internacionales, la autonomía del organismo será clave para mantener su credibilidad en la lucha contra el lavado de dinero y otros delitos financieros.
