Este jueves, se llevó a cabo el desalojo de una comunidad autoproclamada mapuche que ocupaba tierras en el Parque Nacional Los Alerces, Chubut, desde 2020. La medida fue ordenada por el juez federal de Esquel, Guido Otranto, y ejecutada por fuerzas policiales nacionales y provinciales. Según informaron desde la Policía Federal, “no había ninguna persona en el predio a desalojar cuando se presentó el oficial de justicia con la policía, para ejecutar la medida”.

La comunidad, liderada por Cruz Cárdenas, junto a su pareja, María Belén Salinas, y otros integrantes de la Lof Paillako, había establecido su ocupación en la Seccional del Guardaparque El Maitenal. Según fuentes gubernamentales, esta ocupación generó “ataques físicos al personal de la Administración de Parques Nacionales y un grave perjuicio al derecho de la propiedad del Estado Nacional”. Ante estos conflictos, en los días previos al desalojo se notificó a los ocupantes sobre la orden judicial y las posibles detenciones en caso de resistencia.

El operativo contó con la presencia del gobernador del Chubut, Ignacio Torres, quien respaldó la acción afirmando en redes sociales que el desalojo fue “pacífico” y que el intento de bloquear la estación Nahuel Pan, como protesta, fue desarticulado por la Policía del Chubut. Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que el procedimiento se realizó “bajo estrictos protocolos de seguridad” con el objetivo de proteger a las personas y preservar el entorno natural.

La decisión de desalojar está vinculada a la no prórroga de la Ley 26.160, que suspendía los desalojos en territorios reclamados por comunidades indígenas. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, justificó el procedimiento y aseguró que “a partir de ahora, no pueden usurpar”. También subrayó que el derecho de los pueblos originarios debe ejercerse mediante negociaciones y respetando la propiedad privada, ya que “no pueden ocupar terrenos privados, del ejército o parques nacionales”.

En paralelo, el desalojo generó manifestaciones de rechazo. La comunidad mapuche convocó a una protesta para repudiar la medida, respaldada por sectores políticos como la izquierda, que calificó la acción como un “pisoteo de los derechos indígenas”. Además, se registró una protesta frente a la Administración de Parques Nacionales en Buenos Aires. Por su parte, los abogados de la Lof Paillako se desmarcaron del conflicto y señalaron que las decisiones futuras de los integrantes de la comunidad “ya no son problema nuestro”.

El desalojo de Los Alerces refleja el creciente enfrentamiento entre las comunidades indígenas, el gobierno y las autoridades judiciales, en un contexto de demandas territoriales y tensiones sobre la propiedad y los derechos de los pueblos originarios en Argentina.