El Senado de la Nación enfrenta un inicio de año marcado por tensiones políticas en torno a la conformación de comisiones permanentes y bicamerales, y el futuro de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes. En febrero, durante la sesión preparatoria, el kirchnerismo planea renovar su reclamo de mayor representación en las comisiones, argumentando que la vicepresidenta Victoria Villarruel no respetó la proporcionalidad al distribuir los espacios.
El conflicto afecta directamente la operatividad del Senado. De las 27 comisiones permanentes, solo 13 están integradas en su totalidad. Diez de ellas no se completaron debido a que el Frente de Todos, en protesta por lo que considera un reparto desigual, no designó a sus representantes. Además, hay cuatro comisiones parcialmente constituidas que carecen de autoridades definitivas, lo que también obstaculiza su funcionamiento. La situación no solo paraliza el trabajo legislativo, sino que también genera incertidumbre en áreas clave.
Las comisiones bicamerales tampoco escapan a esta parálisis. De las 16 que existen, solo 7 fueron conformadas. Entre las pendientes se encuentra la Bicameral de Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes, responsable de designar o prorrogar el mandato de la defensora Marisa Graham, cuyo período vence en marzo. “Llevamos más de un año sin que esta bicameral se conforme, y los trascendidos indican que no hay intención de ninguno de los presidentes de los cuerpos de avanzar en ello”, denunció la senadora Guadalupe Tagliaferri en una reunión reciente de la Bicameral Revisora de Cuentas.
La Ley 26.061 establece que la designación del defensor de niñez debe realizarse mediante un concurso público y ser evaluada por una comisión bicameral integrada por diez miembros. Sin embargo, la falta de integración ha dejado a la Defensoría al borde de la acefalía. En respuesta, el kirchnerismo, liderado por Alicia Kirchner, presentó un proyecto para extender el mandato de Graham por un año más. La defensora, quien ha sido crítica de ciertas políticas del gobierno de Javier Milei y se opuso al proyecto de bajar la edad de imputabilidad propuesto por Patricia Bullrich, no cuenta con el respaldo unánime del oficialismo.
La situación refleja una profundización de las divisiones internas en el Congreso, donde la pugna por el control de las comisiones amenaza con frenar el funcionamiento institucional. En febrero, las negociaciones serán clave para destrabar estos conflictos y garantizar el normal desarrollo de la actividad legislativa.
