El próximo 5 de junio, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires dará inicio al juicio oral contra Omar “Manguera” Pérez, mano derecha de Hugo Moyano, y otros cuatro dirigentes del Sindicato de Camioneros. Los acusados enfrentan cargos por “coacción” en el marco del bloqueo de actividades que sufrió la pyme Andar Transportadora en 2020, debido a una presunta deuda con el gremio.

El caso, que fue elevado a juicio en 2022, incluye a Omar Dutrá, Diego Coria, Jorge Aguirre y Matías Paz, además de Pérez. Según el juez Fernando Caunedo, quien procesó a los acusados, el bloqueo afectó “la libertad de acción y de trabajo del querellante y de sus empleados, así como de los choferes que acudieron allí y no pudieron concretar la entrega o el retiro de mercadería”. A raíz de esta acción, el juez dictó embargos de hasta $300.000 sobre los bienes de los imputados.

El fiscal Ignacio Mahiques había solicitado en su momento que la acusación se ampliara al delito de “extorsión”, argumentando que los gremialistas reclamaban “una deuda inexistente”. No obstante, Caunedo limitó el caso a “coacción”, señalando que, incluso si la deuda existiera, “de ninguna manera estaban habilitados para obrar como lo hicieron, acudiendo a las vías de hecho para forzar el pago bajo la amenaza de paralizar el transporte”.

Contexto del conflicto

Andar Transportadora, una empresa familiar dedicada al transporte de cargas desde 2001, fue representada en la causa por la diputada libertaria Florencia Arietto, quien destacó que el delito de coacción tiene penas menores en comparación con la extorsión. Según Arietto, “mientras que la coacción tiene una mínima de un año y una máxima de cuatro años, la extorsión en grado de tentativa tiene una mínima de dos años y medio y una máxima de cinco años”. La abogada forma parte del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), que se opone a este tipo de prácticas sindicales.

Por su parte, “Manguera” Pérez, actual secretario de Políticas de Transporte del sindicato y representante en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), enfrenta este juicio en un contexto donde otras figuras del gremio han sido procesadas por bloqueos similares. Dos dirigentes de Camioneros en San Nicolás permanecen con prisión domiciliaria tras ser condenados por un bloqueo en 2021 a la empresa Distribuidora Rey.

El juicio contra Pérez y los demás acusados será seguido de cerca, ya que podría sentar un precedente importante en la lucha contra los bloqueos sindicales. Además, podría impactar en la relación entre el Sindicato de Camioneros y las pymes afectadas por este tipo de conflictos, que reclaman justicia y respeto por sus derechos laborales y comerciales.