El exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, quien fue condenado en 2022 a ocho años de prisión por peculado y negociaciones incompatibles, enfrenta dos nuevas causas judiciales que complican aún más su panorama legal. Una de estas investiga presuntos sobornos relacionados con contratos otorgados al empresario paraguayo Diego Cardona Herrero, quien fue beneficiado con ocho contratos sucesivamente prorrogados durante las gestiones de Urribarri. Este caso está próximo a ser remitido a juicio oral. La otra causa, por supuesto enriquecimiento ilícito, analiza un incremento patrimonial que no podría justificar, estimado entre 8 y 9 millones de dólares.
Según fuentes judiciales, la causa por enriquecimiento ilícito abarca la adquisición de propiedades como una casa en el lago de Salto Grande, un departamento en Punta del Este y otro en Puerto Madero (ya vendido), además de viajes frecuentes al exterior en primera clase. Estas acusaciones se suman a la condena en la megacausa conocida como “Imprenta y Parador de Mar del Plata”, donde se probó que Urribarri y su exministro de Comunicación y Cultura, Pedro Báez, “firmaban órdenes de publicidad y decretos sin intervención de otros funcionarios, ocultando la verdadera finalidad de las contrataciones y los vínculos familiares o personales con los contratantes”.
Un elemento clave en la investigación fue un disco rígido hallado de manera insólita en una casa vecina a la empresa implicada. Según el expediente, el dispositivo contenía pruebas como correos electrónicos, documentos y esquemas de sobornos que vinculaban directamente a Urribarri con maniobras fraudulentas. “El disco incluía un documento de Excel denominado ‘Esquemas de devolución’, donde se detallaba el plan para los retornos de dinero”, explicó la fiscalía. Este material también sirvió para acreditar irregularidades en otras causas, como la promoción de Urribarri en el Parador de Mar del Plata, donde se comprobó el uso de dinero público con fines personales.
Entre las investigaciones en curso destaca la denominada “Global Means”, donde quedó demostrado que “a través de sucesivas irregularidades se contrató a una empresa incluso antes de su creación formal”. Asimismo, la causa conocida como “Solicitada”, vinculada a una publicación contra los fondos buitre, reveló que Urribarri utilizó $4.308.500 de fondos públicos para posicionarse políticamente. A estas se suma la causa por los spots de la Cumbre del Mercosur en Paraná, en la que se probó un direccionamiento ilegal para contratar a una empresa sin competencia entre oferentes.
Con estos nuevos procesos acercándose al juicio oral, el panorama judicial de Urribarri se agrava, reflejando un presunto patrón de corrupción que compromete tanto su figura como el manejo de fondos públicos durante su gestión.
