Este martes, la Justicia dispuso la detención del ex gobernador de Entre Ríos y ex embajador en Israel, Sergio Urribarri, luego de un fallo unánime de la Cámara de Casación de Entre Ríos que resolvió la prisión preventiva en el marco de una causa por corrupción. Urribarri había sido condenado en 2022 por delitos como peculado y negociaciones incompatibles con la función pública, tras una investigación liderada por la ex fiscal Cecilia Goyeneche. El fallo de la Cámara de Casación fue firmado por las juezas Marcela Davite, Marcela Badano y María Evangelina Bruzzo, y establece que la detención sea inmediata, en función del riesgo de fuga de Urribarri, dada la gravedad de la condena y los recursos de los que dispone.
El pedido de cumplimiento efectivo de la prisión preventiva había sido realizado por los fiscales entrerrianos Patricia E. Yedro, Gonzalo A. Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull, quienes argumentaron que los imputados tienen las facilidades necesarias para eludir la justicia. Según los fiscales, “los imputados tienen recursos económicos y vínculos con personas que pueden ayudarlos económicamente, lo que les da capacidad para trasladarse y permanecer ocultos, incluso en el extranjero”. Este argumento fue clave para que los jueces decidieran que el riesgo de fuga era un factor suficiente para justificar la detención preventiva.
Urribarri, quien ocupó la embajada en Israel desde 2020 gracias a su vínculo con la ex presidenta Cristina Kirchner, fue condenado en abril de 2022 a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Su condena fue resultado de una megacausa que incluyó cinco investigaciones sobre diversos casos de corrupción ocurridos durante sus dos mandatos como gobernador entre 2007 y 2015. Entre las irregularidades más destacadas se encuentran los pagos de retornos a través de imprentas manejadas por su cuñado y el direccionamiento de contrataciones para financiar su fallida campaña presidencial en 2015. También se probó un desvío de fondos para la instalación de un parador turístico con su imagen en Mar del Plata, por un costo de más de 14 millones de pesos, así como la organización del encuentro de presidentes del Mercosur en 2015, con un gasto de 28,4 millones de pesos.
El juicio que culminó con la condena de Urribarri también incluyó a su cuñado, Juan Pablo Aguilera, quien fue sentenciado a seis años y medio de prisión, y a su ex ministro de Economía, Pedro Báez, quien recibió una condena de seis años. Sin embargo, otro de los ex ministros, Hugo Marsó, fue absuelto. La sentencia en contra de Urribarri se produjo luego de que la defensa no pudiera desvirtuar las pruebas que resultaron clave para el fallo. En un contexto político tenso, la condena obligó al presidente Alberto Fernández y al canciller Santiago Cafiero a destituirlo de su puesto como embajador en Israel, donde había llegado con el apoyo de la ex presidenta. A pesar de las apelaciones, la Corte ratificó su condena, haciendo efectiva la prisión preventiva.
