El Gobierno nacional presentó una denuncia penal contra miembros de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y trabajadores de la empresa Intercargo, tras una asamblea sorpresiva que provocó caos en Aeroparque y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La denuncia incluye los presuntos delitos de “privación ilegítima de la libertad”, “extorsión” y “entorpecimiento del transporte aéreo”, debido a que miles de pasajeros quedaron atrapados durante varias horas dentro de aviones, generando demoras, acumulación de equipaje y severos trastornos operativos. Según informaron desde el Ministerio de Seguridad, el conflicto afectó a más de 2.100 personas, quedando 900 pasajeros dentro de seis aviones en Aeroparque y 1.300 en vuelos detenidos en Ezeiza.
“La medida responde a una serie de asambleas gremiales que, según la denuncia, mantuvieron a 2.100 pasajeros en los aviones durante varias horas”, indicaron fuentes del Ministerio de Seguridad. En el comunicado, se detalló que los pasajeros, incluidos niños y mujeres embarazadas, debieron soportar condiciones de incomodidad, con más de dos horas sin ventilación adecuada. Esta situación derivó en complicaciones de salud para algunos afectados, quienes fueron asistidos por el servicio de emergencia pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, se señaló que los trabajadores de la APA habrían violado el Código Aeronáutico Nacional, que considera el transporte aéreo como un servicio esencial.
El paro comenzó por la desvinculación de un coordinador de Intercargo, acusado de demorar las operaciones durante el fin de semana. La protesta, calificada por el secretario de Transporte, Franco Mogetta, como “salvaje”, fue declarada por la empresa como un “paro encubierto”. Intercargo denunció al sindicato por “privación ilegítima de la libertad” de los pasajeros de diez vuelos de las aerolíneas Flybondi, JetSMART y LATAM. A pesar de los graves perjuicios generados, la respuesta de la empresa fue considerada tibia, ya que sólo se resolvió aplicar descuentos por las horas no trabajadas y la ausencia de los empleados involucrados.
En contraste con la reacción administrativa de Intercargo, el Gobierno actuó con firmeza a través de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Se solicitó la intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Gendarmería y Prefectura para liberar a los pasajeros, lo que finalmente se logró tras varias horas de operativo. Además, el vocero presidencial, Manuel Adorni, calificó las acciones del sindicato como un “terrorismo sindical” y aseguró que el Gobierno avanzará judicialmente por delitos de secuestro, intimidación pública y bloqueo. “El que las hace, las paga”, sentenció Adorni, anticipando que se presentarán nuevas denuncias ante la Justicia.
