El Gobierno argentino confirmó la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y anunció la creación de su reemplazo, la Agencia de Recaudación y Control (ARCA). Esta decisión, comunicada por el vocero presidencial Manuel Adorni, implica una significativa reducción del 45% en las autoridades superiores y un 31% en los niveles inferiores, lo que se traduce en un ahorro estimado de $ 6.400 millones. Ante esta reestructuración, surgen interrogantes entre los contribuyentes sobre cómo impactará en la gestión de impuestos, el monotributo y la factura electrónica.
Según el comunicado oficial, el propósito de la nueva agencia es “la reducción del Estado, la eliminación de cargos innecesarios, la profesionalización del ente, la destrucción de los circuitos corruptos, y la mejora en la eficiencia de la recaudación y el control aduanero”. La elección de Florencia Misrahi, actual titular de la AFIP, para liderar ARCA ha generado cierta inquietud entre los contribuyentes. Sin embargo, consultados por Clarín, los contadores creen que ARCA asumirá la responsabilidad de la gestión de todos los tributos, lo que podría garantizar una continuidad en el servicio.
Guillermo Tejeiro y Ariadna Artopoulos, socios del área de impuestos de Bomchil, consideraron que “resulta muy positivo el reemplazo de la AFIP por una estructura más simple y eficiente”. No obstante, advirtieron que el desafío será mantener la administración del sistema tributario y aduanero en un entorno con “presencia en todo el país” y “interrelación con otros organismos del gobierno nacional y administraciones tributarias locales”. A pesar de los avances tecnológicos en la comunicación con los contribuyentes, señalaron que los canales de atención aún presentan deficiencias que necesitan ser abordadas con urgencia.
Otros expertos apuntaron que, a corto plazo, “los contribuyentes no deberían sufrir ningún tipo de implicancia porque la parte fiscal seguirá estando”. Tanto la Dirección General Impositiva (DGI) como la Aduana se mantendrán operativas, lo que indica que no habrá cambios significativos en la recaudación, sino simplemente una reducción en el número de funcionarios de la AFIP. Alberto Mastandrea, Socio de Impuestos & Legales en BDO Argentina, destacó que esta medida tiene tanto una motivación económica como política. Desde una perspectiva económica, se busca discontinuar ciertos privilegios salariales y beneficios laborales que el Gobierno considera desfasados respecto a la realidad económica del país.
Sin embargo, la decisión también lleva un componente político, dado que la AFIP ha sido un organismo central en la estructura estatal. Cualquier modificación en su funcionamiento puede afectar el equilibrio de poder dentro del Estado, especialmente en un contexto donde el Gobierno busca señales de austeridad y eficiencia. Este cambio podría ser interpretado como un revés para los sindicatos, que han tenido una fuerte influencia en el sector público, y podría diluir su poder de negociación. La desarticulación de la AFIP permite mayor flexibilidad para implementar cambios laborales que hasta ahora resultaban difíciles de llevar a cabo, lo que refleja una reconfiguración en las dinámicas del empleo público en Argentina.
