Este jueves, el Gobierno avanzó en la reglamentación de la Reforma Laboral incluida en la Ley Base, impulsada por Javier Milei. La medida fue oficializada a través del Decreto 847/2024, publicado en el Boletín Oficial, y trae consigo importantes cambios en las indemnizaciones por despido, nuevas modalidades de contratación y la regularización de trabajadores no registrados. Esta reforma, que aplica únicamente para trabajadores contratados después del 9 de julio de 2024, ha generado críticas entre sectores gremiales y abogados laboralistas por su potencial impacto en los derechos de los trabajadores.
Uno de los puntos clave de la reglamentación es la creación del Fondo de Cese Laboral, que sustituirá el tradicional régimen de indemnizaciones. “El Fondo le otorga a empleadores y trabajadores la posibilidad de reemplazar la indemnización por antigüedad”, señala el decreto. Esto significa que las indemnizaciones por despido ya no seguirán los parámetros tradicionales, sino que dependerán de lo acordado en los convenios colectivos de trabajo. El nuevo sistema podrá vincular los montos y modalidades de los pagos a distintas características de la relación laboral y ofrecer opciones como seguros colectivos o cuentas de cese. Para el Instituto de Estudio y Formación (IEF), este sistema “pasa a depender de la negociación colectiva sin ningún piso mínimo”, lo que podría implicar que el trabajador termine financiando su propia indemnización.
La reglamentación también introduce la figura del trabajador “colaborador”, lo que permitirá a los independientes, como monotributistas o autónomos, contratar hasta tres colaboradores sin generar un vínculo de dependencia laboral. Este cambio ha sido señalado por abogados laboralistas como un avance hacia la precarización del empleo, ya que el vínculo puede rescindirse sin previo aviso ni indemnización. Además, se establece que tanto los trabajadores independientes como sus colaboradores deberán estar registrados en el régimen general de impuestos y cotizar al sistema de seguridad social.
Por otro lado, el Gobierno busca incentivar la regularización de empleados no registrados. Las empresas que registren a sus trabajadores podrán acceder a importantes beneficios, como la condonación de hasta el 90% de las deudas en contribuciones a la seguridad social. Para los trabajadores regularizados, se reconocerán hasta 60 meses de aportes, aunque estos meses no contarán para el cálculo del haber previsional. A pesar de estos incentivos, la reforma ha generado preocupación entre sectores laborales, que temen un debilitamiento de los derechos de los empleados.
