En un contexto marcado por las denuncias de corrupción y la intervención de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores (OSPRERA) por parte de la Superintendencia de Servicio de Salud, trabajadores de diversas seccionales de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) han exigido la destitución del secretario general, José Voytenco. La situación se ha intensificado a medida que se revelan serias irregularidades en la gestión de la obra social, que ha llevado a la designación de Virginia Montero como administradora provisoria por un período de 180 días, según el decreto 720/24 del Gobierno. Este decreto justifica la intervención por “las dificultades en la liquidez y solvencia de la institución, así como un endeudamiento significativo que pone en riesgo su estabilidad financiera”.
Las seccionales de UATRE, desde lugares como La Plata, Quequén y Chascomús, han expresado su descontento y han demandado que “se lo separe de todos los cargos”. Argumentan que Voytenco no representa “los valores y la lucha que lleva adelante la UATRE” y que su continuidad en el cargo prioriza “intereses personales y lujos” por encima del bienestar de los trabajadores. Las acusaciones de “enriquecimiento ilícito” y desmanejos en la administración de la obra social han tomado fuerza, especialmente tras el hallazgo de anomalías graves en el manejo de fondos durante la auditoría iniciada por Montero, quien está revisando los contratos de OSPRERA, la segunda obra social más grande del país.
La intervención del Gobierno ha puesto en el centro de la escena la situación financiera de OSPRERA, que cuenta con 759,495 afiliados. A lo largo de los últimos años, la administración designada por el juez Juan José Báric había solicitado un apoyo financiero no reembolsable de $3.350 millones a la Superintendencia, un hecho que se suma a las irregularidades en la asignación de sueldos exorbitantes a la cúpula directiva, en un contexto de crisis económica. Con salarios que alcanzan hasta $14 millones para el presidente y sumas millonarias para otros altos cargos, el contraste es evidente con el promedio de un peón rural, lo que ha generado un profundo malestar en las bases del sindicato.
En medio de este turbulento panorama, José Voytenco ha defendido su gestión, argumentando que “todo esto evidencia que la pretendida intervención de la obra social, bajo la mera apariencia formal, esconde la intencionalidad política de interferir indebidamente en los asuntos internos de los sindicatos”. Desde su asunción en 2020, tras la muerte de Ramón Ayala, la UATRE ha enfrentado tensiones internas exacerbadas por situaciones violentas, como el asesinato del chofer de Pablo Ansaloni, exvicepresidente de OSPRERA y opositor a Voytenco. A pesar de su relación cercana con el Papa Francisco y su retórica de apoyo al peronismo, la presión por parte de los trabajadores parece aumentar, poniendo en duda la continuidad de su liderazgo en un momento crítico para el sindicato y sus afiliados.
