El Gobierno nacional, a través del Decreto 727/2024 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, decidió disolver la Unidad Especial de Investigación creada en 2004 para la búsqueda de menores desaparecidos durante la última dictadura militar. El decreto, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, argumenta que la normativa que estableció dicha unidad, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, “invade las competencias propias del Ministerio Público Fiscal en materia de investigación de hechos delictivos”, afectando así la división de poderes consagrada en la Constitución Nacional.
La Unidad Especial de Investigación, que operaba en el marco del Decreto N° 715/04, fue creada para apoyar a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) en la identificación y restitución de la identidad de hijos de desaparecidos y personas nacidas en cautiverio. Esta unidad tenía facultades de investigación y acceso a archivos públicos, y su disolución ha generado preocupación entre quienes defienden la continuidad de su labor. Según el nuevo decreto, se considera que el otorgamiento de facultades jurisdiccionales a órganos de la administración “desconoce lo dispuesto en los artículos 18 y 109 de la Constitución Nacional”, además de que las herramientas previas “violentan” el régimen constitucional.
Desde el oficialismo se argumenta que la investigación de los delitos cometidos durante la dictadura debe realizarse dentro del marco legal adecuado, respetando los derechos fundamentales y la privacidad de las personas, conforme a la Constitución y las obligaciones internacionales asumidas por Argentina. En este contexto, se subraya que la Procuración General de la Nación ya había creado en 2012 una Unidad Especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado, que opera dentro de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Este organismo, según el Gobierno, refuerza la posición de que estas investigaciones deben permanecer en el ámbito del Poder Judicial.
La decisión del Gobierno ha suscitado una fuerte reacción de organizaciones como Abuelas de Plaza de Mayo, que a fines de junio habían expresado su “profunda preocupación” por la posible eliminación de la Unidad Especial de Investigación. En un comunicado, señalaron que la disolución de la unidad “ralentizará la búsqueda de nuestros nietos y nietas y resultará un perjuicio para la ciudadanía”, además de considerar que la unidad “evitaba la citación en sede judicial de hombres y mujeres –incluidos miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad–, y garantizaba la confidencialidad absoluta de estos procesos”. Esta medida, subrayan, podría obstaculizar la justicia y aumentar los costos para el Estado, generando así un nuevo desafío en la búsqueda de justicia para las víctimas del terrorismo de Estado.
