El Gobierno argentino ha dado un paso significativo en la implementación de la reforma del Estado con la oficialización de un nuevo decreto, el Título III, que introduce cambios en la Ley 17.520 de Obra Pública. Publicado este lunes en el Boletín Oficial, el decreto establece una serie de modificaciones en los contratos de obras públicas, el régimen de transacciones y la iniciativa privada. El decreto, firmado por el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el ministro de Economía Luis Caputo y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger, busca agilizar y flexibilizar la gestión de proyectos públicos.
El artículo inicial del decreto permite al Gobierno rescindir o renegociar contratos de obras públicas y de prestación de servicios que hayan sido firmados antes del 10 de diciembre de 2023, siempre y cuando el costo del proyecto supere los $10.000 millones. No obstante, se excluyen de esta medida las obras con un avance del 80% y aquellas financiadas por entidades internacionales, que deberán reanudarse en un plazo de 90 días. Esta medida pretende dar un impulso a proyectos que podrían haberse visto estancados debido a trabas burocráticas y contractuales.
La Secretaría de Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Economía, ha anunciado que 799 obras serán transferidas a las provincias. Hasta el momento, 20 provincias han firmado acuerdos para asumir la responsabilidad de estos proyectos, que incluyen construcción de viviendas, obras de saneamiento e infraestructura vial, urbana, sanitaria y educativa. Entre las provincias que ya han adherido se encuentran Catamarca, Chaco, Córdoba, Mendoza y Santa Fe. Sin embargo, quedan pendientes las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Formosa y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que históricamente han sido más críticas de la administración actual.
El Gobierno está llevando a cabo reuniones con funcionarios locales para facilitar la transferencia y desbloquear la negociación. Las provincias deberán financiar las obras con recursos propios o buscar apoyo en organismos internacionales como la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial. Sin embargo, los gobernadores reconocen que este proceso de transferencia puede llevar tiempo y que deberán priorizar las obras más urgentes debido al cambio en los contratos.
