La relación entre Axel Kicillof y algunos sectores empresariales y comerciales de la provincia de Buenos Aires se encuentra en un punto crítico. El gobernador presentó hace un mes en la Legislatura un proyecto para reinstaurar la “ley de góndolas”, una normativa que había sido eliminada con el “mega DNU” 70/2023 de Javier Milei. Esta iniciativa ha unificado las críticas de las principales cámaras que agrupan a comercios mayoristas y minoristas.
Kicillof argumentó que la nueva ley tiene como objetivo garantizar a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) espacios en góndolas físicas y virtuales, permitiéndoles competir contra los oligopolios y favoreciendo la venta de productos regionales en beneficio de los consumidores. “La competencia en favor de los consumidores” es uno de los pilares de esta propuesta, según el anuncio oficial. Sin embargo, la normativa también contempla sanciones severas para los comerciantes que no cumplan con las regulaciones, incluyendo multas de hasta el equivalente a mil sueldos de empleados públicos, quita de concesiones y clausuras.
Este lunes, la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA) emitieron un comunicado donde expresaron que la implementación de esta normativa sería “perjudicial para los consumidores y para las empresas, por múltiples razones”. Unas semanas antes, la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) también había manifestado su rechazo, argumentando que “imponer una cantidad mínima de proveedores por producto es insostenible, sobre todo cuando las ventas vienen cayendo”.
El proyecto de ley de góndolas no solo ha generado oposición entre los sectores comerciales, sino que también marca una diferencia ideológica con el Gobierno de Javier Milei. “Somos el corazón productivo del país. Para la producción, para el trabajo, el Estado no es algo optativo”, declaró Kicillof al presentar la iniciativa, acompañado por el ministro de Producción, Augusto Costa. Estas declaraciones subrayan su postura en contra de la desregulación económica promovida por Milei, quien derogó la ley de abastecimiento, el observatorio de precios y la ley de góndolas a fines de 2023.
Desde la CADAM, señalaron que la anterior Ley de Góndolas a nivel nacional “fue un claro ejemplo de que no funciona el sistema de imposición y no presentó beneficios para las pymes”. Esta crítica se suma a la de otros sectores como la Cámara Argentina de Comercio y Servicios y la Asociación de Supermercados Unidos, que también expresaron su desacuerdo con la iniciativa.
La propuesta de Kicillof afecta a mayoristas y minoristas de alimentos, bebidas, productos de higiene personal y limpieza del hogar con una superficie de venta mayor a 300 metros cuadrados o con dos o más líneas de cajas. Según el proyecto, estos espacios deberían exhibir una cantidad mínima de productos de proveedores MiPyMEs bonaerenses. Sin embargo, las cámaras de supermercados sostienen que, aunque la intención es fomentar la competencia y apoyar a las MiPyMEs, la normativa impone restricciones que coartan la libertad de comercio, aumentan los costos operativos y potencialmente elevan los precios para los consumidores.
Finalmente, Kicillof enfrenta un camino difícil en el Senado, donde el bloque PRO ya ha anticipado su “rechazo absoluto” a la propuesta. “Hay que dejar de demonizar a los que generan empleo. La Provincia no puede legislar en materia comercial”, explicó el presidente del bloque, Alejandro Rabinovich (PRO). A medida que la controversia se intensifica, la viabilidad del proyecto de ley de góndolas en la provincia de Buenos Aires sigue siendo incierta.
