La conformación de la comisión bicameral de control de los organismos y actividades de Inteligencia ha desatado una disputa entre el oficialismo y el bloque presidido por Miguel Pichetto, sumando ahora una confrontación entre el Gobierno y el PRO por la presidencia de dicha comisión. Este conflicto ha retrasado su puesta en marcha, bloqueando su funcionamiento efectivo.

La primera discusión surgió cuando Hacemos Coalición Federal solicitó un lugar para Emilio Monzó, a lo que La Libertad Avanza no accedió. Posteriormente, se desató la contienda por la presidencia, que este año, por rotación, debería recaer en un senador. Los nombres en disputa son el macrista misionero Martín Göerling y el peronista entrerriano Edgardo Kueider.

Desde el PRO se daba por hecho que la presidencia sería para un legislador de su espacio, en función del reparto acordado en diciembre con Victoria Villarruel, cuando la vicepresidenta reunió 39 votos para relegar al kirchnerismo en la distribución de cargos. No obstante, Karina Milei y Santiago Caputo intervinieron con la intención de apoyar a Kueider, uno de los peronistas cuyo respaldo en la Ley de Bases fue crucial para su sanción.

Caputo, asesor de Javier Milei y con influencia en el rediseño de la SIDE, que ahora está bajo la dirección de Sergio Neiffert, dialogó con Göerling para explicarle la decisión del Gobierno. Sin embargo, el PRO rechazó este movimiento y adelantó que darán la pelea en la bicameral cuando se convoque a una reunión, aún sin fecha, percibiendo que al oficialismo le será difícil reunir los votos necesarios para imponer a Kueider.

La bicameral, compuesta por 14 miembros, tiene la función de fiscalizar a los organismos de inteligencia con “amplias facultades para controlar e investigar de oficio”, según la ley 25.520. “Muchos quieren estar, porque se accede a información muy sensible”, coincidieron legisladores y fuentes parlamentarias. Las reuniones son cerradas y entre sus potestades está el pedido de información y documentación a la SIDE, la supervisión de los “gastos reservados” y la recepción de denuncias sobre abusos e ilícitos.

La composición de la bicameral es diversa: dos miembros de La Libertad Avanza (Gabriel Bornoroni y César Treffinger), dos del radicalismo (Martín Lousteau y Mariela Coletta), dos del PRO (Martín Göerling y Cristian Ritondo), y los seis restantes de Unión por la Patria, incluyendo a Oscar Parrilli, Wado de Pedro, María Florencia López, Leopoldo Moreau, Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés.

Cristian Ritondo, jefe del bloque de diputados del PRO, reiteró que “el compromiso parlamentario es que la presida el PRO, vamos a pedir que eso se respete y a votar en consecuencia en la comisión”. En el Senado, la postura es similar: “Kueider ya preside Asuntos Constitucionales. Los acuerdos parlamentarios hay que honrarlos. ¿O lo van a detonar por una bicameral cuando llevan siete meses de Gobierno? ¿Creerán que vale la pena?”, cuestionó un referente del PRO.

Unión por la Patria podría aliarse con el PRO debido al rechazo a Kueider, quien junto a Camau Espínola facilitó la sanción de la Ley de Bases. “Por supuesto que no lo vamos a votar”, aseguró un integrante de la bicameral. Desde el PRO plantearon la posibilidad de que la conducción de la comisión quede para Göerling y la vicepresidencia para Moreau. En Unión por la Patria, aunque no lo descartaron, negaron que se tratara de un acuerdo: “A nosotros, por número, de cualquier manera nos toca el vice. No nos están regalando nada”.

El oficialismo había buscado reactivar la bicameral, dado que Leopoldo Moreau, presidente hasta diciembre del año pasado, avanzó con pedidos de informes y tomó declaración a detenidos durante la represión mientras se discutía la Ley de Bases. Sin embargo, debido a las discusiones, la definición quedó postergada hasta la primera semana de agosto.