En un giro impactante, la Confederación General del Trabajo (CGT) ha convocado a un paro general nacional para el 24 de enero en repudio a las medidas de desregulación económica anunciadas por el presidente Javier Milei. Esta decisión, respaldada por una masiva movilización hacia el Congreso, marca una respuesta contundente de la central obrera a las políticas adoptadas por la administración “libertaria”. La CGT también ha expresado su “total oposición” al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 emitido por el Ejecutivo.
A tan solo 17 días de la asunción del nuevo gobierno, la dirigencia de la CGT llevó a cabo una impresionante marcha hacia el Palacio de Tribunales para solicitar la “inconstitucionalidad” del DNU y preservar las atribuciones del Poder Legislativo. El Comité Central Confederal (CCC) de la CGT, máximo órgano ejecutivo, tomó la decisión de convocar al paro general desde el histórico Salón Felipe Vallese del edificio de Azopardo al 800.
Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, máximos exponentes de la central sindical, justificaron la elección de la fecha del paro al afirmar que coincidirá con la supuesta discusión parlamentaria sobre las medidas gubernamentales y la denominada Ley Ómnibus. Sin embargo, la convocatoria surgió tras debates internos y presiones de organizaciones confederadas, que abogaban por un paro inmediato en lugar de un plan de lucha gradual.
Los dirigentes de la CGT esperan que el paro del 24 de enero facilite la movilización de los trabajadores desde sus lugares de empleo, otorgando al Gobierno un plazo de 27 días para reflexionar y abrir un diálogo. Aunque la CGT ratificará la huelga el 10 de enero en su plenario de delegaciones regionales, la esperanza de una convocatoria a una mesa de diálogo persiste hasta el día del paro, con temas clave como obras sociales, reforma del Estado, movilidad jubilatoria, indemnizaciones y privatizaciones en la agenda de discusión.
Las tensiones entre el Gobierno y la CGT han alcanzado niveles críticos, con los líderes sindicales acusando al presidente Milei de llevar al país a un retroceso económico y social. La ministra de Seguridad se enfrenta al desafío de gestionar el protocolo antipiquetes callejero ante la previsión de una masiva movilización de trabajadores el 24 de enero, dejando en el aire el desenlace de un conflicto que podría tener consecuencias impredecibles.
