En una reunión llevada a cabo en la ciudad de Buenos Aires, los intendentes de la Federación Argentina de Municipios (FAM) acordaron presentar un recurso de amparo contra el decreto de necesidad y urgencia (DNU) emitido por el Gobierno nacional. El presidente de la FAM y también intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, anunció la decisión y enfatizó que “Argentina no está en venta”. Espinoza expresó su preocupación por el DNU de Javier Milei, señalándolo como una medida que “avasalla totalmente los derechos que durante décadas supimos conseguir”.
El líder de la FAM indicó que el recurso de amparo incluirá una solicitud de cautelar para detener la implementación del DNU 70/2023. Espinoza considera que la medida del Poder Ejecutivo es “totalmente inconstitucional” al derogar más de 300 leyes de manera abrupta. Aseguró que reformas tan significativas deben ser tratadas en el Congreso de la Nación con la participación de los legisladores que representan a la ciudadanía.
En declaraciones al canal C5N, Espinoza expresó su descontento con el proceder del Gobierno, calificando el DNU como una acción que beneficia a grandes grupos económicos y perjudica a la mayoría de los argentinos. El intendente de La Matanza cuestionó el carácter democrático del proceso, comparándolo con un estado de sitio. Subrayó la importancia de que la Justicia atienda el pedido de la FAM para frenar el DNU y permitir un debate en el Congreso.
Otro intendente presente en la reunión, Gustavo Barrera de Villa Gesell, destacó la incertidumbre generada por las medidas económicas anunciadas y cómo afectan particularmente a la zona Atlántica. Señaló que las decisiones gubernamentales han impactado en la temporada turística, provocando dudas en quienes planeaban tomarse unos días de vacaciones. Barrera expresó que la situación ha cambiado drásticamente antes y después de las medidas del DNU.
La iniciativa de los intendentes de la FAM refleja la preocupación y el rechazo de diversos sectores ante las medidas económicas implementadas por el Gobierno, destacando la necesidad de un debate más amplio y participativo en el Congreso para abordar cambios de esta magnitud.
