La organización Amnistía Internacional (AI) ha revelado en un informe sus hallazgos sobre el uso de la fuerza policial y las detenciones arbitrarias llevadas a cabo por la policía provincial de Jujuy durante las movilizaciones de comunidades indígenas en junio pasado. Según el informe, la policía de Jujuy utilizó una fuerza indiscriminada contra los manifestantes que protestaban por una reforma constitucional en la provincia, que se aprobó sin consultar a la población ni obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos originarios. Amnistía Internacional sostiene que estas acciones constituyen una violación de los derechos humanos y un intento de reprimir la protesta social en la región.

Ana Piquer, directora para las Américas de AI, señaló que la investigación concluyó que la policía de Jujuy respondió a las protestas con un uso ilegal de la fuerza y detenciones arbitrarias. Además, afirmó que las autoridades provinciales han creado un ambiente hostil que dificulta el ejercicio del derecho a protestar pacíficamente en Jujuy. El informe se basa en testimonios recopilados durante una visita realizada por una delegación de Amnistía Internacional a la provincia en septiembre, donde se entrevistó a víctimas, testigos, abogados, organizaciones de derechos humanos y funcionarios locales.

El conflicto en Jujuy se originó a raíz de la aprobación de una nueva Constitución sin la consulta adecuada a la población y a los pueblos indígenas. La falta de un proceso de consulta libre, previo e informado exacerbó las tensiones en la región y llevó a las protestas. El informe de AI destaca la necesidad de respetar los derechos de las comunidades indígenas y garantizar que se respeten los procedimientos adecuados en la toma de decisiones que afectan sus vidas y territorios. La denuncia de Amnistía Internacional resalta la importancia de un enfoque respetuoso de los derechos humanos en situaciones de protesta y conflicto social.