Este lunes, funcionarios del Gobierno nacional, líderes políticos y destacados organismos defensores de derechos humanos se unieron en un contundente repudio hacia el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, tras sus controvertidas declaraciones durante el debate en Santiago del Estero. Milei, en un desafío a la historia y al consenso global, volvió a negar la existencia de 30 mil desaparecidos bajo el terrorismo de Estado y calificó los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura como “excesos”. Estas afirmaciones desataron una ola de indignación y críticas.
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, no tardó en responder a las polémicas declaraciones de Milei, expresando su profundo repudio. “Milei ofende de manera brutal a familias que hemos quedado sin nuestros hijos y a las abuelas, que tenemos un doble dolor: buscamos a nuestros hijos y a sus hijitos nacidos en cautiverio”, enfatizó Carlotto. La referente de los Derechos Humanos instó a la población a “despertar” ante las palabras de Milei, advirtiendo que alguien que “mancha la historia de nuestro país, no tiene que ser presidente”. Carlotto hizo hincapié en que no se puede negar ni tergiversar la realidad de lo sucedido durante la última dictadura militar, recordando que, según consenso mundial, fueron detenidas y desaparecidas 30,000 personas, no “8,753” como afirmó Milei en el debate.
Las críticas no se limitaron al ámbito de los derechos humanos, ya que el jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, también condenó las declaraciones del candidato de LLA. Rossi señaló que Milei cometió un “agravio” al negar que hubieran sido 30,000 los detenidos desaparecidos y al calificar los crímenes de lesa humanidad como “excesos”. El político recordó un documento desclasificado por el Departamento de Estado estadounidense que estableció que la dictadura argentina admitió haber hecho desaparecer a 22,000 argentinos y argentinas en 1978. En ese contexto, Rossi argumentó que, considerando esta cifra, es plausible estimar que el número total llegue a 30,000, y subrayó que el objetivo de tales declaraciones es desacreditar la lucha de los organismos de derechos humanos.
