En un acto de valentía y determinación, las hermanas de dos militantes desaparecidos y un sobreviviente que sufrió torturas durante la última dictadura cívico-militar comparecerán este miércoles ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes. Este acontecimiento marca un hito en el marco del décimo juicio por crímenes de lesa humanidad que se está llevando a cabo en esta provincia, en la megacausa VII Brigada. Las declaraciones testimoniales de Pedro Avalos, Luisa Wettengel y Betty Calafell arrojarán luz sobre los horrores vividos durante uno de los períodos más oscuros de la historia argentina.
Pedro Avalos, quien reside en la provincia de Misiones, enfrentará el recuerdo de sus días de estudiante de abogacía en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) en 1975. Fue entonces cuando encabezaba una lista para las elecciones de centro de estudiantes en esa facultad, un momento en el que la militancia política estaba marcada por la efervescencia y el compromiso con las causas sociales. Sin embargo, en noviembre de ese mismo año, Avalos fue secuestrado y sometido a brutales torturas, a pesar de su disminución de capacidad física y la necesidad de utilizar aparatos ortopédicos.
Luisa Wettengel y Betty Calafell, hermanas de Máximo Wettengel y Orlando Germán Calafell respectivamente, también tomarán la palabra en este juicio. Sus seres queridos fueron detenidos en la Jefatura de Policía de Corrientes en junio de 1976 y, desde entonces, permanecen desaparecidos. Este doloroso testimonio arrojará luz sobre la búsqueda incansable de justicia y la esperanza de encontrar respuestas que estas familias han mantenido viva durante décadas.
Este juicio histórico se centra en la responsabilidad de nueve hombres del Ejército y la Gendarmería que formaban parte de la VII Brigada de Corrientes. El tribunal, compuesto por los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Juan Manuel Iglesias, busca determinar el grado de participación de los acusados en los casos que afectaron a 104 víctimas en el circuito represivo de la ciudad de Corrientes y otras localidades de la provincia, áreas bajo la jurisdicción de la VII Brigada del Ejército. Esta brigada se considera parte de la estructura de planificación y desarrollo de acciones dentro del plan sistemático llevado a cabo por la dictadura en esa región, según alegan los acusadores del Ministerio Público Fiscal y de la querella, representada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
El equipo de fiscales, compuesto por Flavio Ferrini y Diego Jesús Vigay, está decidido a buscar justicia para las víctimas y sus familias. Por su parte, la querella es representada por el abogado Manuel Brest Enjuanes, quien ha estado comprometido en la lucha por los derechos humanos y la memoria histórica.
Los nueve acusados en este proceso enfrentan cargos graves por su presunta participación en los crímenes cometidos durante la dictadura. Entre ellos se encuentran el excomandante de la VII Brigada de Infantería, Alfredo Carlos Farmache; el exauxiliar de la División II Inteligencia, Eduardo Antonio Cardozo; el excoronel de Regimiento de Infantería 9, Abelardo Carlos de la Vega; el exteniente 1° de la Unidad Regimiento 9, Raúl Horacio Harsich; el exsargento ayudante y exauxiliar de Inteligencia de la Gendarmería, Pedro Armando Alarcón.
También figuran en la lista el excomandante de Gendarmería Nacional, Abelardo Palma; el exjefe de la Oficina de Inteligencia de la Jefatura de la Compañía Comandos y Servicios del Regimiento de Infantería N° 9, Juan Carlos De Marchi; el exoficial de Inteligencia de la Compañía Comandos y Servicios del Regimiento de Infantería N° 9, Horacio Losito; y el exalférez de la Gendarmería Nacional, Raúl Alfredo Reynoso.
Este juicio representa un paso crucial en la búsqueda de justicia y verdad para las víctimas de la dictadura y sus familias. Las declaraciones de Pedro Avalos, Luisa Wettengel y Betty Calafell brindarán testimonios fundamentales que contribuirán a arrojar luz sobre los abusos y atrocidades perpetrados durante uno de los períodos más oscuros de la historia argentina. La sociedad argentina sigue firme en su compromiso de recordar y honrar a las víctimas y de asegurarse de que los responsables rindan cuentas por sus acciones.
