Este miércoles, una comitiva de excombatientes e integrantes de organizaciones de derechos humanos llevará a cabo una serie de actividades públicas en la ciudad de Ushuaia para reclamar por el avance de la causa judicial que investiga presuntas torturas cometidas contra soldados por parte de exmilitares de su propia tropa durante la guerra de Malvinas de 1982.
Encabezados por miembros del Centro ExCombatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim) y por referentes de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) de Buenos Aires, quienes intervienen en el caso como parte querellante, serán recibidos por el gobernador Gustavo Melella y llevarán a cabo un acto llamado “Por la Memoria, Verdad, Justicia y Soberanía” en el Monumento a los Caídos durante el conflicto bélico, sobre la costa del Canal Beagle.
Además, participarán en la proyección de la película “El viaje”, un documental sobre la visita de integrantes de la Comisión por la Memoria a las Islas Malvinas en 2017, la cual constituyó la primera vez que los organismos de derechos humanos llegaron hasta el archipiélago luego de la guerra. La proyección se llevará a cabo en la sala Niní Marshall de la Casa de la Cultura de Ushuaia y en forma conjunta con el Sindicato de Trabajadores de la Educación Fueguina (Sutef).
Los excombatientes relanzarán en Tierra del Fuego la campaña “Yo también hablo”, presentada originalmente en 2021 y destinada a que soldados conscriptos torturados por sus superiores durante la guerra denuncien esos crímenes. La comitiva de la Comisión por la Memoria también se trasladará a la ciudad de Río Grande para intentar ser recibidos en una audiencia por la jueza Federal Mariel Borruto, a cargo de la investigación de las supuestas torturas.
La causa penal originada tras las primeras denuncias producidas en 2007 tiene 130 imputados (algunos de ellos ya indagados y procesados por Borruto) y un centenar de presuntas víctimas, aunque el expediente se encuentra paralizado desde hace 15 meses a la espera de que la Suprema Corte de Justicia resuelva un planteo acerca de si los delitos investigados constituyen o no crímenes de lesa humanidad, y por lo tanto no prescriben.
Los querellantes sostienen que, a pesar de esa situación, la jueza debería atender los planteos fiscales y continuar investigando nuevas denuncias como las aparecidas en los últimos meses. La comitiva de la Comisión por la Memoria está integrada por referentes de distintos organismos de Derechos Humanos, quienes expresaron su apoyo al reclamo de justicia de los excombatientes y destacaron que estas dilaciones pueden garantizar la impunidad biológica de los victimarios.
