Funcionarios del Ministerio de Trabajo y de la AFIP, en conjunto con representantes del Sindicato de Trabajadores Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros (Stpsrchpa), realizaron un operativo de fiscalización en la fábrica de pizzetas y panificados Malú en Burzaco, provincia de Buenos Aires.

Durante el operativo, se constató que más del 60% de los trabajadores “se encontraban cumpliendo sus tareas en negro”, según declaraciones de voceros gremiales. Según el sindicato, la fábrica de alimentos cuenta con más de 40 trabajadores, pero solo registró al 40% de su personal en marzo de este año.

Además, el sindicato destacó que los trabajadores del lugar “estaban en condiciones laborales de evidente explotación” y que “los empleadores adeudan las cargas sociales de todo tipo”. La inspección del Gobierno y el sindicato del sector se realizó en dos plantas de la Fábrica Malú, cuyo nombre fiscal es Panificadora Santa Mónica SRL. En el operativo, participaron ocho inspectores de la AFIP y cuatro del Ministerio de Trabajo, relevando datos de más de 40 trabajadores.

El gremio destacó que “la antigüedad de los trabajadores y las trabajadoras de estos espacios fabriles está entre dos y cinco años” y recibió información acerca de “amenazas de despidos que recibió el personal de fábrica para que no declaren que son trabajadores de la firma mencionada”.

El sindicato del sector alimentación aseguró que “una de las principales batallas que afronta nuestro sindicato es contra la informalidad laboral” y que el sector empresarial intenta justificar sus acciones. Frente a las irregularidades encontradas, el gremio exigió que “el empresariado no naturalice las acciones que no respetan los derechos laborales”.

Desde la organización gremial destacaron que “en el último tiempo se intensificaron los controles en todos los lugares de trabajo de los afiliados y afiliadas, ya que además, hay empleadores que registran parcialmente a los empleados, con contratos de media jornada que ocultan una jornada completa”. Según el sindicato, esto es para evadir el pago de cargas sociales en detrimento del derecho de los trabajadores, lo que repercutiría en la calidad de vida de miles de personas y desfinanciaría el sistema solidario de salud, dificultando el acceso a un salario digno.