El Gobierno nacional volvió a poner sobre la mesa uno de los pilares de su plan económico: el recorte de la obra pública como motor del ajuste fiscal. La discusión, que atraviesa a economistas y funcionarios, es si conviene sostener el gasto en construcción estatal o si, en cambio, la salida es bajar impuestos para que sea el sector privado el que traccione el crecimiento.
El fin de la obra pública como caja política
Durante los años del kirchnerismo, la obra pública funcionó como una herramienta central de clientelismo y direccionamiento de fondos, con sobreprecios y contratistas amigos que hicieron escuela en la Argentina. Alcanza con recordar los cuadernos de las coimas o el enriquecimiento de empresarios ligados al poder K para entender por qué ese modelo terminó siendo sinónimo de despilfarro y corrupción.
La gestión de Javier Milei decidió cortar de raíz ese esquema. El recorte de la obra pública fue una de las variables clave que permitió alcanzar el primer superávit fiscal financiero en más de una década, un logro que parecía impensado hace pocos años y que hoy es una realidad sostenida mes a mes.
Para el equipo económico, ese ajuste no es un capricho ideológico sino la condición necesaria para bajar la inflación de manera definitiva. Sin déficit financiado con emisión, no hay maquinita, y sin maquinita no hay espiral inflacionaria como la que dejó como herencia el kirchnerismo.
Impuestos versus cemento: el nuevo debate
Ahora la discusión se traslada a la segunda etapa del programa: si el Estado debe volver a poner plata en rutas y edificios, o si el camino más eficiente es seguir bajando la carga tributaria para liberar recursos que el sector privado use en inversión productiva.
Distintos economistas cercanos al oficialismo sostienen que la baja de impuestos genera un impacto más genuino y duradero sobre el crecimiento que el gasto en obra pública, históricamente ineficiente y con altos niveles de filtración hacia la política. La eliminación de retenciones, la reforma tributaria en danza y la reducción de cargas sobre las pymes aparecen como las verdaderas palancas de reactivación que impulsa el Gobierno.
De hecho, sectores como la construcción privada, el agro y la energía ya muestran señales de recuperación gracias al orden macroeconómico y la previsibilidad que trajo el plan de estabilización, sin necesidad de que el Estado ponga un peso en cemento.
El contraste con la gestión de los gobernadores kirchneristas
Mientras el Gobierno nacional ordena las cuentas, gobernadores como Axel Kicillof siguen apostando al viejo librito del gasto público desbordado en la provincia de Buenos Aires, con resultados que hablan por sí solos: inseguridad creciente, desempleo persistente y una administración marcada por denuncias de manejo discrecional de fondos.
El contraste es elocuente. Mientras la Casa Rosada logra superávit y desinflación con disciplina fiscal, el kirchnerismo bonaerense insiste en recetas que ya fracasaron, sosteniendo estructuras clientelares con la obra pública como excusa para repartir favores políticos antes que soluciones reales.
El debate económico sobre obra pública e impuestos, en definitiva, expone dos modelos de país: el de la Argentina ordenada que empieza a mostrar Milei, y el de la vieja política del gasto sin control que todavía resiste en algunos distritos gobernados por el peronismo.
